Para CSIF-Cádiz los datos publicados hoy sobre el paro en la provincia de Cádiz (167.467 desempleados en junio, según el Ministerio de Empleo) son positivos, indicando una tendencia que debería mantenerse en el tiempo y no reducirse a las campañas de temporada turística. De hecho, de las 6.617 personas que han encontrado empleo, 4.779 pertenecen al sector servicios, mientras que en el sector industrial tiene solo 366 desempleados menos, y la construcción 588 parados menos. Esto, a juicio de la presidenta de CSIF-Cádiz, María José Cano, deja entrever que el aumento del empleo en la provincia depende en exceso de la hostelería y los servicios en fechas señaladas en el calendario, a cambio de una escasa estabilidad en los puestos de trabajo y con situaciones de precariedad que no sirven para recuperar la maltrecha economía de la región. Muchos de los contratos que se firman, según denuncia CSIF, contemplan sueldos insuficientes, horarios extremos y condiciones laborales poco favorables para el trabajador. De hecho, en Andalucía, de los nuevos contratos que se han firmado, el 96,2% son temporales, la segunda tasa más alta de España, tras Extremadura.
De esta manera, desde CSIF se reclama a la Administración pública un mayor control sobre la precariedad de los puestos de trabajo de nueva creación, y que emprenda medidas para para garantizar la estabilidad de los trabajadores, de modo que se logre incentivar el consumo y así la economía.
Como siempre, CSIF seguirá insistiendo en la necesidad de que los agentes sociales, políticos y económicos de la región se pongan de acuerdo y lleven a cabo un gran pacto por el empleo con el que puedan tomar medidas consensuadas para reducir la dramática situación que se vive en la provincia y en la comunidad autónoma.
Al mismo tiempo, CSIF considera que la creación de empleo público, en manos de las administraciones, es esencial para la recuperación económica y laboral de la provincia, pues la provincia lleva años perdiendo puestos de trabajo públicos, perjudicando el consumo en general y dañando la calidad de servicios esenciales como la educación y la sanidad.