El juzgado de instrucción número tres de Cádiz ha emitido un auto en el que se admite la querella contra José María González Santos, alcalde de Cádiz, Manuel González Bauza, teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de ACASA, y Barcia Magaz, jefe del Gabinete de Alcaldía; todos ellos han sido citados para declarar en calidad de investigados (antes imputados) por un presunto delito de calumnias e injurias.
El auto refleja en su primer razonamiento jurídico que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Esos hechos son los referenciados en la querella de 35 folios presentada el pasado 2 de junio por todos los integrantes del anterior equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Cádiz en el mandato 2011-2015, en la que se acredita los delitos de calumnias e injurias cometidos por los tres querellados al manifestar públicamente que los querellantes “contaminaron a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días”, lo que a todas vistas es una acusación por un delito contra la salud pública.
Diligencias previas e imputación
La parte dispositiva del auto emitido por el juzgado número tres establece la incoación de diligencias previas para que se de cuenta de la misma al Ministerio Fiscal, e imputa a González Santos y los otros dos querellados al citarlos en calidad de investigados (figura que sustituye a la de imputado en el nuevo ordenamiento jurídico), para lo que se les requiere declaración el próximo 18 de agosto con asistencia de abogado y procurador.
El portavoz municipal del Grupo Popular, Ignacio Romaní reiteró hoy lo indicado en el momento de presentar el acto de conciliación y la querella posterior: “hemos dado todos los pasos con tranquilidad pero con toda contundencia: un delito de este calibre no puede quedar impune. Acusar a alguien de dar agua contaminada a sabiendas a 14 mil personas es una monstruosidad, es algo miserable. Demasiado grave como para que González Santos no haya destituido ya a su asesor al concejal y haber dimitido después”
La citación no es firme y el juez está obligado a admitir este tipo de querellas
El Equipo de Gobierno ha incidido en que la citación a la que hace referencia el Partido Popular no es firme y que el juez que instruye el caso de la querella presentada por los populares está obligado a admitirla a trámite. Según lo que ha podido saber el Equipo de Gobierno a través de los medios de comunicación puesto que no ha llegado notificación alguna del Juzgado al respeto, la querella se fundamenta en supuestos delitos de injurias y calumnias por la información elaborada por la empresa pública Aguas de Cádiz respecto al suministro de agua contaminada en la Barriada de Loreto durante al menos trece días sin poner en conocimiento dicho hecho a la autoridad sanitaria y sin proceder conforme a la legalidad vigente requiere.
Desde el Equipo de Gobierno subrayan que el juzgado al que le toca tramitar las querellas por delitos de injurias y calumnias no tiene otra opción que incoar el correspondiente auto de admisión a trámite puesto que son delitos denominados privados, que no se inician de oficio por ningún tribunal o Juzgado y que necesitan la interposición de una querella por parte de los supuesto ofendidos. Es decir, que el Juzgado en el que se turna la tramitación de querellas por este tipo de delitos privados, como al parecer ha hecho el juzgado de instrucción de Cádiz, no tiene otra opción que dar traslado a los querellados y a citarlos para que declaren respecto al contenido de la misma.
El Equipo de Gobierno destaca que “intentar equiparar la admisión de una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias a la admisión por parte de cualquier juzgado de instrucción de un delito, por poner ejemplo de corrupción, malversación de fondos públicos, estafa, prevaricación, etc… es un disparate jurídico que en el caso que nos ocupa no es de extrañar dada cuenta la manipulación torticera que en todo momento está haciendo el Partido Popular de Cádiz de este asunto”.
En esta línea, afirman que “estamos en un Estado Social y de Derecho, cualquier ciudadano y ciudadana está en su legítimo derecho de interponer cuantas acciones judiciales en defensa de su honor y dignidad entiendan oportuna, y en esto no podía ser menos el Partido Popular al que agradecemos profundamente la nueva oportunidad que nos van a dar de demostrar aquello que intentan esconder con esta querella, y con la manipulación informativa de la misma que están haciendo: Que la empresa pública Aguas de Cádiz, presidida en su momento por el Teniente Alcalde de la antigua corporación municipal, suministró agua contaminada a sabiendas durante al menos trece días en la Barriada de Loreto. Lo hizo, insistimos, teniendo conocimiento de ello y ocultando las analíticas de la Universidad de Cádiz que así lo confirmaban”.
El alcalde de Cádiz, José María González, ha añadido que respeta profundamente todos los procesos judiciales y no tendrá ningún problema en presentarse a declarar cuando sea citado. No obstante, recuerda al Partido Popular “que durante estos años pueden hacer dos cosas, o pasarse toda la legislatura presentando querellas a discreción o poniéndose a trabajar, proponiendo soluciones para Cádiz y ganándose el sueldo de paso