La Junta General de la Sociedad de Fomento Económico Cádiz 2000 que se ha celebrado hoy, a petición del grupo municipal popular, ha aprobado la solicitud al jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cádiz de un informe “sobre la situación en la que deberían quedar las trabajadoras ya subrogadas de manera unilateral por el presidente de la sociedad Cádiz 2000 para que -como actores de buena fe- no resulten perjudicadas hasta la adjudicación del servicio a otra empresa”. Y asimismo, se ha acordado también la solicitud a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal de un informe “sobre la existencia o no de transferencia de crédito a Cádiz 2000 para hacer frente a las nuevas obligaciones contraídas por el presidente de la misma. Que se detalle en el informe la cuantía y la partida municipal de donde sale y que se determine si la Sociedad Cádiz 2000 acordó solicitar dicha transferencia de crédito”.
Ambas propuestas han sido respaldadas por todos los grupos de la oposición y han recibido los votos en contra del Equipo de Gobierno, ya que como ha explicado el concejal de Medio Ambiente y presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, “sí somos favorables a la elaboración de esos informes, pero no podemos apoyar dos puntos que emiten un juicio de valor”.
Durante el debate de estos dos puntos, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, ha anunciado que esta misma mañana ha denunciado las “irregularidades en todo el proceso de remunicipalización” al Tribunal de Cuentas. Por su parte, el portavoz socialista, Fran González, ha criticado al Gobierno local por no haber presentado previamente estos informes que se les ha requerido hoy en la Junta General. Y el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha lamentado “no tener claro hoy cuál es la situación laboral en la que se van a quedar los trabajadores y si la empresa va a tener dinero para pagarles”.
La Junta General también contemplaba debatir sobre otros dos puntos que se han dejado sobre la mesa porque así lo ha dictaminado el alcalde, como presidente de la Junta General. Esos puntos son los de: “Paralización de las actuaciones realizadas a partir del 28 de agosto por el presidente de la sociedad sin el mandato expreso de la Junta General ni el Consejo de Administración, y que están relacionadas con el proceso de municipalización de los servicios de playas” y “Acuerdo sobre el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial de la Sociedad Cádiz 2000 al presidente de la misma por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación, en nombre de la entidad, sin contar con acuerdo del Consejo ni de la Junta de Accionistas, cuantificándose el importe de la responsabilidad para que pueda reclamarse en base al artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello con la reserva de las acciones legales que se puedan determinar en el futuro en cualquiera de sus ámbitos por las acciones realizadas por el presidente y que hayan podido causar menoscabo a la entidad”.
Tras la aprobación de los dos puntos anteriores, el alcalde ha tomado la palabra: “Habiéndose aprobado la solicitud de estos informes, y haciendo mía la solicitud del Partido Socialista de la elaboración de esos informes, se dejan sobre la mesa la solicitud de esos dos puntos y se abordarán cuando tengamos los informes pertinentes”. Y ello, en base al artículo 64 del Reglamento Orgánico Municipal. Al respecto, la secretaria del Ayuntamiento ha señalado que el artículo 14 de los estatutos de la Sociedad establece que “el funcionamiento de la Junta se regirá por los preceptos de la Ley Reguladora de Base en Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Sabemos que el Reglamento Orgánico está por encima de este reglamento y, por tanto, el artículo 64 establece que ‘cualquier concejal podrá solicitar que la propuesta se retire, quedando sobre la Mesa, y en tal caso el presidente podrá sin más, así declararlo’. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que se proceda a dejar esos puntos sobre la mesa”.
Esta decisión ha levantado gran indignación en la bancada popular, hasta el punto de que el edil Ignacio Romaní ha increpado al alcalde acusándole de “abuso de poder”, al mismo tiempo que ha elevado el tono y le ha proferido los insultos de “cobarde” y “cacique”. De igual modo ha actuado la concejala Teófila Martínez, que también ha llamado “fascista” al primer edil.
El PP vuelve a solicitar que se convoque de urgencia un nuevo consejo de Cádiz 2000
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní, ha lamentado “la cacicada del alcalde que –usando artimañas supuestamente de procedimiento- ha impedido que los gaditanos se enteren de sus mentiras sobre la municipalización”.
El edil ha explicado que “no permitir al consejo de una empresa pública debatir y votar un punto de un orden del día que ha sido convocado a petición de un tercio de los consejeros es una aberración. Es hurtar a esos consejeros, que lo son en calidad de concejales electos, un derecho fundamental ¿para qué ofrece la ley la posibilidad a un tercio de los consejeros de convocar un consejo con una serie de puntos si el presidente tuviera la potestad de retirarlos? Es un sinsentido y –como poco- una irregularidad”.
“La gravedad de lo ocurrido hoy –explicó Romaní- es que según el alcalde él tiene la potestad de eliminar del pleno cualquier moción de la oposición y para ello solo necesita que se lo pida un concejal, aunque no sea del grupo proponente. Según esa teoría, en el próximo pleno cualquier concejal del Equipo de Gobierno le puede pedir que deje sobre la mesa una moción del PP o del PSOE y el alcalde así decidirlo. Es una burrada y –en el caso de hoy- una muestra de la cobardía del alcalde”.
Los populares han informado que solicitarán de la Secretaría General un informe explícito sobre lo ocurrido hoy. En este sentido ese informe planteará que si lo que hoy se ha aplicado es el Reglamento Orgánico Municipal cómo es posible se interprete que éste da potestad al alcalde para dejar sobre la mesa o retirar una propuesta de acuerdo de cualquier grupo cuando un concejal lo pida, sea del grupo que sea. Según el GMPP esto es “simplemente, una vulneración flagrante de los derechos fundamentales, y eso es algo muy grave que no vamos a permitir. Vamos a tomar medidas legales y llegaremos adonde haga falta. No vamos a permitir un atropello de este calibre”.
El portavoz popular ha indicado que “la artimaña del alcalde buscaba que los trabajadores presentes no supieran que la municipalización que están llevando a cabo va en su contra. Ya quedó patente en los primeros puntos que nadie les asegura la continuidad en sus puestos de trabajo, que están condenados a no tener mejoras salariales y que nadie ha previsto de dónde va a sacar el dinero el Ayuntamiento para asumir este desastre”.
Los miembros del GMPP han solicitado hoy de nuevo a la Secretaría General que “a la vista de la imposibilidad de someter a debate y aprobación los dos puntos que en hoy 23 de octubre ha dejado el presidente de la misma sobre la mesa” (…) “se tenga por solicitada CON CARÁCTER DE URGENCIA la convocatoria del Pleno de la Corporación en su condición de Junta General de Accionistas de la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000 SA”.
La solicitud incluye, como es preceptivo, los dos puntos a abordar, que serían en esencia la paralización de las actuaciones realizadas a partir del 28 de agosto por el presidente de la sociedad sin el mandato expreso de la Junta General ni el Consejo de Administración, y el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial de la Sociedad Municipal de Fomento Económico Cádiz 2000 (acción social de responsabilidad) al presidente de la misma por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación en nombre de la entidad sin contar con acuerdo del Consejo ni de la Junta de Accionistas.
Romaní explicó, finalmente, que, precisamente el temor del alcalde a que se debatieran estos puntos era que la Junta General iba a acordar el inicio de acciones judiciales contra el presidente de la Sociedad Municipal, por lo que es “una más que clara irresponsabilidad con el patrimonio municipal. Eso es lo que el alcalde temía. Lo único que ha hecho hoy es encubrir a De la Fuente, que sabe perfectamente que se ha metido en un gran lío”.
El alcalde lamenta la actitud violenta del PP
El alcalde de Cádiz, José María González, lamenta la actitud violenta protagonizada por el Partido Popular ante su nuevo intento fallido de frenar el proceso de municipalización. Una vez levantado el acta de la Junta General de Cádiz 2000, la concejala Teófila Martínez ha increpado al regidor con los términos “fascista y cacique” al tiempo que el portavoz del grupo municipal popular, Ignacio Romaní, acusaba a José María González de “cobarde”.
González ha explicado que este “espectáculo lamentable”, se ha producido simplemente porque “yo, como presidente de la Junta General, he dejado sobre la mesa dos de los cuatro puntos del día a la espera de los informes a los que están sujetos, algo a lo que tengo potestad como presidente”. Una medida que el alcalde de la ciudad considera “de sentido común y razonable”.
Sin embargo, el Partido Popular “ha reaccionado con insultos y una pérdida de modales con la que se parecía más a una banda de matones que a una organización política”. El regidor espera que el Partido Popular y, en especial, Teófila Martínez recapaciten: “Que imaginen si hubiera niñas y niños viendo esta Junta por televisión. ¿Esta es la clase de ejemplos que quieren dar?”.
José María González comprende que al Partido Popular, más partidario de la privatización, “les fastidie que el proceso de municipalización cuente con más de 25 informes que lo aseguran y lo avalan”. Sin embargo, esto no es motivo para perder los papeles y tener una actitud tan alejada a lo que debe ser un partido democrático.