Igualdad destina 17 millones a esta medida que permitirá comprar bienes de primera necesidad en los supermercados y tiendas
El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a adoptar, con carácter urgente y excepcional, las medidas oportunas para la creación de un ‘Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el Covid-19’, con un presupuesto de 17 millones de euros. Esta iniciativa, que se sufragará con fondos propios, se articulará a través de subvenciones excepcionales de la Consejería a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que integran la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, mediante la concesión de tarjetas monedero para garantizar el consumo de más de 20.000 familias andaluzas en supermercados y tiendas de proximidad.
Estas ayudas tienen como beneficiarias a las familias afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus: personas incluidas en ERTE, que hayan disminuido ostensiblemente sus ingresos, que hayan sufrido el despido de su puesto de trabajo durante la pandemia, andaluces retornados, familias monoparentales con menores a cargo, unipersonales y, en general, todas aquellas personas que por su situación de especial vulnerabilidad necesiten de esta ayuda.
La tarjeta será recargable y servirá para la compra de una lista preestablecida de productos de alimentación, higiene personal y limpieza que no podrá ser modificada por las personas beneficiarias. Su saldo oscilará entre 150 y 250 euros mensuales en función de la tipología familiar, destinándose las de mayor cuantía a las familias con tres o más menores a su cargo. Para ello, la Consejería de Igualdad ha contado con la colaboración de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, en la que están asociadas las principales cadenas de supermercados de la comunidad autónoma.
El programa tendrá implantación en toda Andalucía para dotarlo de la máxima equidad territorial y su vigencia será temporal en función de la evolución de las circunstancias de la pandemia. En un principio, el programa tendrá una duración de cuatro meses con posibilidad de alargarse.
Respecto a los criterios de adjudicación de esta ayuda, no se considera criterio excluyente el hecho de que los menores a cargo de las familias sean ya receptores de una beca de alimentación del Plan Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA) de la Consejería de Educación y Deporte.
Tras el estudio de las actuales circunstancias por parte del grupo de trabajo de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector, en el seno de la Consejería de Igualdad y comunicado a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se ha considerado necesaria la implantación de este programa extraordinario que complementará las numerosas medidas ya adoptadas por el Gobierno andaluz con el objetivo de proteger a la ciudadanía.
Medidas de emergencia social
Así, esta medida se une a las ya puestas en marcha por la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en relación con la protección social de los andaluces y andaluzas frente a las consecuencias económicas del Covid-19, como la regulación de un procedimiento extraordinario de concesión de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social en la modalidad de urgencia o emergencia social, así como el adelanto de las cantidades procedentes del Fondo Social Extraordinario para las entidades locales con el objetivo de financiar las prestaciones básicas de servicios sociales.
La crisis actual ha multiplicado las necesidades sociales de la población como resultado del incremento del paro, de familias que se han quedado sin derecho a percibir prestaciones públicas, de la derivación en situación de vulnerabilidad de personas que hasta ahora estaban integradas socialmente y del incremento, en general, de las personas sin medios económicos para garantizarse una correcta alimentación diaria, ni la adquisición de productos de higiene y limpieza.
Con la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, se ha producido un aumento exponencial de las demandas que la ciudadanía presenta tanto en la red de servicios sociales comunitarios gestionados por las entidades locales, como ante las ONG que integran la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.