La delegada del Gobierno andaluz destaca la colaboración y la simplificación de trámites que contempla esta nueva norma, que “es imprescindible para el porvenir de la provincia de Cádiz”
La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, y la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mercedes Colombo, se han reunido hoy con representantes de colegios profesionales y del sector de la construcción y el urbanismo en la provincia de Cádiz para tratar la actualidad referida a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA).
En este encuentro también han estado presentes, entre otros, el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Ignacio Romaní, así como responsables y profesionales del Colegio de Arquitectos de Cádiz, del Colegio de Abogados de Jerez, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC).
Ana Mestre ha destacado, entre otras cuestiones, la colaboración con el sector, así como “la simplificación de trámites que contempla esta nueva norma, una ley que es imprescindible para el porvenir de la provincia y de Andalucía” y que supone agilidad y claridad en materia de legislación urbanística y de ordenación del territorio. Asimismo, ha añadido que “exigimos que esta ley se convierta en una realidad porque Cádiz depende de ella”.
Tras este encuentro, la delegada del Gobierno de la Junta ha explicado que, dado que estos interlocutores “han sido artífices del trabajo con la Administración autonómica en el marco de esta ley, les hemos trasladado el momento en el que nos encontramos respecto a esta norma, tras la situación en el Parlamento, y les hemos explicado los próximos pasos que vamos a llevar a cabo con la Consejería de Fomento”.
Ana Mestre ha precisado que “esta provincia se caracteriza por sus recursos naturales y por un patrimonio muy rico que proteger”, además de mencionar la cuestión de “las viviendas ilegales”, añadiendo que “era necesario un equilibrio y una norma a nivel de ordenación del territorio adaptada a zonas costeras y del interior, a los distintos municipios”. A este respecto, “esta norma viene a crear una serie de herramientas favorables para el desarrollo del territorio de la provincia y a simplificar trámites burocráticos, el gran compromiso de este Gobierno, así como a simplificar las clases de suelo en urbano y rústico. También viene a dotar a los ayuntamientos de una apuesta importante para que tengan capacidad de aprobar una gran parte de sus planes urbanísticos”, ha señalado.
Por otro lado, la delegada se ha referido a la reducción de plazos para la aprobación definitiva de planes por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que pasarán de 5 a 3 meses. Además, para los municipios de menos de 10.000 habitantes “contempla un instrumento más ágil, el Plan Básico de Ordenación, que vendría a dotar de un impulso importante en el desarrollo” de estas localidades.
Además, Ana Mestre ha resaltado el papel de esta ley en materia de recuperación económica, de claridad en la tramitación y en lo que supone respecto a “instrumentos que se han trabajado durante años”. En este ámbito ha sentenciado que, “en estos momentos tenemos que ser proactivos y queremos aglutinar esa maraña legislativa para que el urbanismo tenga figuras planteadas, recursos claramente definidos y podamos caminar con la iniciativa privada para desarrollar empleo, generar riqueza y progreso”.
La delegada ha insistido en que “es fundamental que esta ley sea aprobada y así también nos lo han hecho saber en esta reunión, acerca de una norma a la que aspiran muchos sectores en Andalucía y que viene a modernizar la Administración autonómica en el siglo XXI”.
Avance en la tramitación de expedientes
Tras este encuentro, Ana Mestre ha aludido al avance en el trabajo “para controlar la proliferación de viviendas ilegales, por ejemplo, en Cádiz y en Andalucía, y cómo hemos mejorado los recursos e incrementado la inspección y la cifra de expedientes tramitados”.
En concreto, la delegada ha informado que “en dos años hemos duplicado el número de expedientes tramitados”, especificando que, en Andalucía, “frente a los 557 tramitados en Andalucía en 2018, en 2019 hemos tramitado más de 950 expedientes, un 73% más y, en 2020, a pesar de la pandemia, llegamos a 1.087, lo que supone un incremento del 12%”. Además, ha añadido que “en este 2021 llevamos ya 575 actuaciones en apenas cinco meses, lo que nos hace prever que seguiremos con esa tendencia alcista en el número de inspecciones”. También ha indicado que “las más de 1.200 actas de inspección levantadas han provocado la apertura de 930 denuncias desde 2019, 95 expedientes de protección de la legalidad, 157 expedientes sancionadores y 31 multas coercitivas”.
Ana Mestre ha concluido que “son datos que ponen de relieve el esfuerzo y el trabajo de los funcionarios, de la Administración andaluza, la agilidad y el compromiso para hacer útil este Gobierno a la sociedad. Son medidas puestas en marcha para hacer frente a todos los expedientes y poder tener celeridad en la respuesta a los ciudadanos”, a lo que ha sumado la necesidad de contar con la nueva legislación LISTA, “que es imprescindible”.