El Comisario de Medio Ambiente advierte al Gobierno español y a la Junta de Andalucía que son las responsables de proteger los hábitats naturales de los terrenos de Barbate afectados por el proyecto
En base a la respuesta que la Comisión Europea ha dado a la pregunta presentada por Marie Toussaint, eurodiputada del Grupo Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, a iniciativa de Verdes Equo, representante del grupo parlamentario en Andalucía, la Directiva europea de 1992 sobre hábitats naturales impide taxativamente, y se convierte en un obstáculo insalvable, para que pueda llevarse a cabo el megaproyecto urbanístico de El Següesal, impulsado por el Ayuntamiento de Barbate.
Desde el partido ecologista afirman que “La existencia de hábitats catalogados legalmente como prioritarios a nivel europeo en el área afectada, justo al norte del Parque Natural de la Breña, la convierte en espacio Natura 2000, según el artículo 3.1 de esa Directiva, y fue la propia Junta de Andalucía quien lo recogió oficialmente en 2020 la existencia de varios de esos hábitats”.
Para Verdes Equo Andalucía, “Esa situación obliga al Estado, en este caso al gobierno autonómico, a no aceptar el plan por resultar evidente que tendría “efectos adversos significativos”. Tal y como afirma la Comisión Europea, solo “razones imperiosas de interés público de primer orden” permitirían a la Junta hacer una excepción. La propia Comisión anima al partido ecologista, si el gobierno andaluz hiciera una “aplicación incorrecta” de la Directiva, a iniciar las vías de recurso según la legislación española, “el mecanismo más adecuado para abordarla”.
“La respuesta del Comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, es clara, afirma Florent Marcellesi, coportavoz federal de Verdes Equo, al considerar este espacio como parte de la Red europea Natura 2000 y al señalar la obligación de la Junta de Andalucía de rechazar de plano, después de la evaluación ambiental, esta monstruosidad de ladrillo”.
Por su parte, la coportavoz de Verdes Equo Andalucía, Mar González, recuerda que “Sinkevicius señala en el documento al Ayuntamiento de Barbate por el antecedente de la reciente condena (2018) del Tribunal Europeo por la falta de depuración de sus aguas residuales, tema éste que afecta de lleno al megaproyecto urbanístico.”
Tras la respuesta de la Comisión, Verdes Equo Andalucía reclamará a la Junta el cumplimiento de la Directiva y de la Ley estatal, que obligan a tramitar ante la UE la declaración como Lugar de Interés Comunitario de esos Hábitats amenazados de destrucción por intereses especulativos. Los ecologistas afirman que “La Ley 42/2007, del patrimonio natural y la biodiversidad, que incorporó la Directiva Hábitats al ordenamiento español, deja claro en su articulado (80 y siguientes) que destruir o alterar significativamente un hábitat de interés comunitario declarado como prioritario es una infracción grave sancionada con multa de hasta 200.000 euros”