El grupo provincial lleva a Diputación una moción recordando que la provincia de Cádiz ha sufrido especialmente la reforma laboral de 2012 y que este acuerdo con sindicatos y empresarios se limita a la leve corrección de algunos aspectos de la normativa laboral de Rajoy, “en ningún caso a su derogación”
El grupo provincial Adelante Cádiz llevará una moción al Pleno ordinario de la Diputación de Cádiz para instar al Gobierno central a que abra un nuevo proceso de elaboración de una nueva reforma laboral que tome de punto de partida la derogación de la reforma laboral de 2010 y 2012, cumpliendo con su compromiso presente en el acuerdo de cogobierno entre PSOE y UP.
Para Adelante Cádiz, Andalucía es la tierra que más ha sufrido las reformas laborales de 2010 y 2012 en términos de desempleo y precariedad y especialmente, la provincia de Cádiz. “Necesitamos con más urgencia si cabe derogar ambas reformas y abrir un nuevo periodo marcado por los derechos laborales, la estabilidad y la seguridad”. En este sentido, fuentes de Adelante han recordado que “el Gobierno, cumpliendo in extremis con el mandato de la UE de reformar el mercado laboral, ha estado negociando con la patronal y los dos sindicatos mayoritarios durante meses, aceptando así que cualquier transformación del mercado laboral tiene que estar supeditada a un acuerdo con la patronal y limitada la participación sindical a las dos centrales mayoritarias”. Para Adelante, “este marco se ha revelado con el tiempo como un espacio en el que la CEOE ha impuesto su capacidad de veto, aun cuando ninguna de las reformas laborales de 2010 y 2012 fueron consensuadas más allá de la derecha y la patronal”.
Así las cosas, “este proceso ha dado como resultado un acuerdo que si bien no es un retroceso jurídico en derechos, sino una leve corrección de algunos aspectos de la Reforma Laboral de 2012, supone un acuerdo nefasto en términos políticos”, porque “este Gobierno de coalición levantó esperanzas y expectativas entre una mayoría social que ahora ve cómo éstas no se traducen en victorias materiales, no hay cambio en la realidad cotidiana ni llegan las transformaciones anunciadas a bombo y platillo, desgraciadamente este acuerdo no supone la necesaria reforma del mercado laboral para recuperar derechos y ganar en bienestar”.
Desde Adelante Cádiz, destacan “la recuperación de la ultraactividad de los convenios” pero “no se encarece el despido, algo que sale muy barato gracias a las reformas de 2010 y 2012; se ha renunciado al objetivo de acabar con la temporalidad; no se limitan el número de contratos temporales y las restricciones tienen tantas excepciones que serán prácticamente inaplicables; la prevalencia del convenio de empresa seguirá vigente con la única excepción del salario; sigue sin atajarse el problema de la subcontratación; no se modifican las causas de despido objetivo o colectivo, por lo que seguimos con la imposición de las reformas anteriores; no se recupera la autorización administrativa para los ERE”.
“Es evidente que no estamos ante una derogación de la reforma laboral y, ni siquiera, ante una derogación de sus aspectos más lesivos. No es ésta la necesaria transformación del mercado laboral para recuperar derechos. Este Gobierno está muy lejos de eso, ya que el marco laboral se mantendrá intacto solo con algunos retoques y la relación de fuerzas a favor de los trabajadores no mejorará en el terreno de la legislación laboral”. Desde el grupo provincial lamentan que “el Gobierno decide incumplir su compromiso con la clase trabajadora y apuesta por la recuperación de los beneficios de los empresarios a costa de más desigualdad social, afianzando así la inestabilidad, porque ningún contrato indefinido garantizará la estabilidad, en tanto que el bajo coste por despido y la no necesidad de justificarlo hace que ningún trabajador tenga garantías ante una decisión unilateral del empresario”.
De otro lado, el grupo provincial llevará también a Diputación una propuesta para instar al Gobierno a que declare “la salida del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), unilateral o coordinada con otros países, de forma inmediata”, al entender que dicho tratado “obstaculiza de facto la transición energética, limita el desarrollo de políticas sociales e implica un coste que están asumiendo los Estados tras perder las demandas interpuestas contra los gobiernos por parte de las empresas energéticas o fondos internacionales de inversión”.