El Equipo de Gobierno ha lamentado que la oposición esté dilatando el proceso para la municipalización de los servicios de playas consistentes en el servicio de limpieza de la arena, recogida de los residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras en las playas; el servicio de asistencia sanitaria y socorrismo en las playas; y el servicio de limpieza y mantenimiento de vestuarios.
Los grupos de la oposición han vuelto a pedir más documentación sobre el proceso, y aunque el Gobierno local se ha comprometido a ofrecérsela, considera que esta petición responde a una “estrategia para demorar los tiempos”, ya que dicha información “podían haberla reclamado en la última comisión”, que se celebró el pasado 29 de diciembre.
El Equipo de Gobierno señala que no es la primera vez que la oposición actúa de esta forma, solicitando informes “a cuentagotas para alargar los procesos”, recordando que justo esto fue lo que hizo el PSOE durante las reuniones celebradas para la aprobación de los presupuestos y las tasas municipales, e igualmente lo está haciendo ahora, durante el debate de municipalización de los servicios de playas.
Ante esta maniobra de las fuerzas políticas de la oposición, desde el Gobierno local advierten de que “no se puede retrasar más el proceso, puesto que es necesario cumplir con los plazos establecidos con objeto de poner en funcionamiento los servicios de cara al próximo verano”.
120.000 euros más al año según el PP
Romaní indicó que “el proceso de municipalización está siendo un verdadero monumento al tridente de Podemos en Cádiz: la mentira, la demagogia y la chapuza: la mentira es que se ahorra. Una absoluta falsedad, a Cádiz los servicios de playas le cuestan lo que paga a las empresas, no lo que una teoría establece, y lo que paga a las empresas es 2.168.331 euros, y la municipalización supone pagar por eso mismo 2.288.144 euros. La cuenta ya se la hago yo al alcalde, cerca de 120 mil euros más. Esa es la verdad pura y dura, lo demás son las cuentas del gran capitán”.
El edil popular, siguiendo con su explicación señaló que la demagogia es “venderle de nuevo a los trabajadores y a los gaditanos que lo hacen para mejorar el servicio o las condiciones de los trabajadores. González Santos ha reconocido que los trabajadores estarán en las mismas condiciones laborales que él tachaba de precarias cuando no era alcalde, porque en la memoria no han podido ocultar que la única razón para que Aguas de Cádiz no asuma a las plantillas es que cobrarían más de lo que cobran ahora y eso, ni lo soportan las saneadas cuentas de Navarro ni lo permite el interventor”.
Romaní concluyó indicando que “la chapuza es convocarnos a toda una comisión de estudio de la municipalización para mentirnos con un dato falso, el del supuesto coste real que no es el coste que pagamos, y para enseñarnos de nuevo el informe encargado a un ex concejal de Izquierda Unida de Conil que elaboró en 13 días poniendo lo que el alcalde y Podemos quería que pusiera. Una vergüenza para este Ayuntamiento y para esta ciudad”.
El PSOE quiere una remunicipalización con todas las garantías
El grupo municipal socialista ha solicitado información en la comisión que ha tenido lugar hoy sobre la remunicipalización de los servicios de limpieza de arenas; recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras de las playas; y de asistencia sanitaria, socorrismo, limpieza y mantenimiento de vestuarios.
“Posteriormente, hemos reiterado nuestras dudas por escrito, ya que siguen existiendo importantes lagunas que, durante la reunión, han sido reconocidas por los técnicos, respecto a los informes que se nos han entregado. Hay asuntos que entran en colisión y otros que siguen sin aclararse. Hemos pedido que se nos responda a la mayor brevedad posible para tener todas las garantías del proceso antes de que este se lleve a cabo”, explica el portavoz socialista, Fran González.
“El informe económico y financiero sigue siendo insuficiente, por tanto, el ahorro del que habla el equipo de gobierno, no es concluyente. Actualmente existe una deuda con las empresas que vienen prestando el servicio y que tiene que ponerse al día, por ello, hemos pedido que se nos aclare la repercusión que esto tendrá para el Ayuntamiento”, expone el portavoz socialista.
“Además, habrá que hacer aportaciones a Cádiz 2000, empresa que se ha planteado que se haga cargo de estos servicios, y continuamos sin conocer la cuantía de las mismas, ni la repercusión que esto va a tener en los fondos líquidos del Ayuntamiento, en el endeudamiento a corto plazo o en el periodo de pago a proveedores y la morosidad”, asegura Fran González.
Por otra parte, los socialistas han pedido que se certifique que realmente no existe necesidad de autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el inicio de expediente de municipalización, así como de las modificaciones previstas en los objetos sociales de las empresas municipales. “Actualmente, las competencias en Medio Ambiente las tiene Aguas de Cádiz, pero deberá hacerse una modificación en los estatutos de Cádiz 2000 para que pueda asumir estos servicios, por tanto se crea una dualidad que debemos tener la garantía de que no entra en colisión con la legalidad vigente”, explica el portavoz.
Por último, se ha solicitado un informe del interventor y el secretario sobre las consecuencias y responsabilidades jurídicas, así como del alcance que podría tener el incumplimiento de los compromisos que afectan al procedimiento.
“Los socialistas queremos que se lleve a cabo la municipalización de estos con todas las garantías. Se trata de un asunto muy importante que afecta a servicios básicos de la ciudad, a cientos de trabajadores y al propio Ayuntamiento. No se puede hacer de cualquier manera. Como siempre, estamos actuando de manera responsable y asegurándonos de que la gestión temerosa de este asunto que ha mantenido el equipo de gobierno, desde el principio, no vaya a afectar a los gaditanos. Lamentamos que, una vez más, no se hagan las cosas bien. Pero no vamos a ser cómplices de su incapacidad. Esperamos tener la respuesta lo antes posible y poder seguir adelante con el procedimiento”, concluye Fran González.
Una municipalización injustificada para Ciudadanos
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha cuestionado la posibilidad de que el expediente pueda incurrir en fraude de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y ha pedido que se solicite un informe previo al Ministerio de Hacienda, ya que esta Ley prohíbe la formación de nuevas entidades y unidades administrativas y, además, limita la tasa de reposición de personal.
El portavoz de Ciudadanos ha puesto sobre la mesa preguntas concretas sobre asuntos que afectan a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera como, por ejemplos, «si se han valorado las circunstancias particulares de cada convenio colectivo en materia de mejoras o premios; si se han tenido en cuenta el vencimiento de los convenios colectivos, alguno ya vencido como el de limpieza de arena; si se ha estudiado la antigüedad de los trabajadores a los efectos de calcular las contingencias económicas en caso de despido; si se ha considerado que deberá reforzarse la estructura de dirección de Cádiz 2.000 con el consiguiente coste; o si se cuenta con garantía para la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el pago de salarios».
Por otro lado, Pérez Dorao ha destacado que «el procedimiento de remunicipalización que platea el equipo de gobierno resulta incompatible con los principios de igualdad, capacidad y mérito que deben regir los criterios de contratación por parte de las administraciones públicas. Si se hace tal y como plantea el equipo de gobierno, mediante subrogación del personal, sería entrar por la puerta de atrás»
Desde el punto de vista jurídico y económico, Pérez Dorao, ha explicado que «Aguas de Cádiz ha rechazado hacerse cargo de estos servicios por el conflicto laboral que le supondría a la empresa gestionar dos convenios colectivos diferentes y el desajuste económico que traería consigo equiparar los salarios de los nuevos trabajadores. Este es el motivo por el que se propone la Sociedad Cádiz 2.000, que no está diseñada realmente para este cometido, y que obligaría a cambiar el objeto social de ambas compañías».