Un total de 2.553 personas en situación de vulnerabilidad social recurrieron al Fondo Social contra la Pobreza Energética de la Diputación en 2021 y pudieron mantener sin cortes el suministro de recursos básicos, como la luz, el agua o el gas en sus domicilios.
Según ha informado la institución provincial en una nota, la Diputación, a través de su delegación de Bienestar Social, dota con 300.000 euros este programa, una cantidad que volverá a poner a disposición de los hogares con menos recursos que tengan problemas para afrontar el pago de facturas en 40 ayuntamientos, los de los 30 municipios de población inferior a los veinte mil habitantes y los de las 10 entidades locales autónomas (ELA) de la provincia.
Esta iniciativa, puesta en marcha en 2017, ha permitido, según la Diputación, evitar en 2021 el impago de 4.165 recibos a familias que no podían afrontarlos. Los recibos de la luz, en una cantidad de 2.571, son los que más actuaciones han requerido, seguidos de los de agua, que han sumado 1.199. Otras 404 facturas, en este caso de gas, han sido cargadas a este programa, un apartado que ha subido muy significativamente con respecto a 2020, cuando fueron 44. Estos pagos han evitado 205 cortes inminentes de suministros. De las 2.553 personas beneficiarias, 2.353 residen en municipios de población inferior a los 20.000 habitantes y 200 en entidades locales autónomas de la provincia.
El diputado David de la Encina ha explicado que el programa «trata de evitar el corte de suministros energéticos básicos en hogares de familias de rentas bajas y que estas políticas tendrán continuidad y mejoras para el año vigente».
Así se completarán los pagos de facturas con otras gestiones «en paralelo» con empresas suministradoras y con actividades dirigidas a «reeducar en hábitos de consumo y de eficiencia energética».
En este sentido, al margen de talleres formativos, ha explicado que los Servicios Sociales hacen un seguimiento cercano a los diferentes casos, con intervenciones individualizadas que permiten optimizar los fondos. A modo de ejemplo, ha citado que a veces es más rentable sustituir un electrodoméstico ineficiente y con un alto gasto energético que seguir asumiendo el coste del anterior.
El diputado cree que este año, con el incremento exponencial de las tarifas energéticas, puede ser clave para ver la evolución de las necesidades de colectivos vulnerables y en el que este programa va a cobrar un especial valor para auxiliar a hogares con menos recursos, aún en un contexto de pandemia.
«La Diputación vuelve a ser el paraguas bajo el que se refugian las personas más vulnerables de los pequeños municipios, que cuentan con la seguridad del compromiso que este equipo de Gobierno viene demostrando hacia ellos», ha mantenido.
Para el programa de 2022 cada ayuntamiento recibe una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros, según la población y, en consecuencia, el número de casos potenciales.
Las localidades con menos de 1.500 habitantes reciben 3.000 euros; los ayuntamientos de poblaciones de entre 1.501 y 5.000 habitantes, 6.000 euros; las localidades de entre 5.001 y las 7.000 personas, 8.000 euros; los municipios de entre 7.000 y 10.000 habitantes, 10.500 euros; y los de entre 10.001 y 20.000 habitantes, recibirán 15.000 euros para ayudas. Aproximadamente una sexta parte del total, 44.000 euros, se destina a las entidades locales autónomas.
El procedimiento que han de seguir las personas con riesgo de sufrir un corte en suministros básicos, tal y como ha explicado la Diputación, consiste en dirigirse a los servicios sociales de su localidad, que cuentan con técnicos municipales y personal de Diputación que se harán cargo de poner en marcha los expedientes que correspondan.