El Ejecutivo también ha reiterado su compromiso con las políticas públicas feministas en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Además, ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Circular y ha regulado los servicios de recarga de vehículos eléctricos.
Con motivo de la celebración, hoy 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional y el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEMH) 2022-2025.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado que el texto de la declaración institucional comienza expresando la solidaridad del Gobierno y de España con las mujeres ucranianas cuyos derechos se están viendo «gravemente vulnerados por la invasión criminal de Putin». La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado también a las mujeres rusas que sufren esta guerra.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que Naciones Unidas ha dedicado este día a reconocer «la contribución de mujeres y niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas».
Plan Estratégico para la Igualdad
Irene Montero ha reiterado el compromiso del Gobierno para «convertir el feminismo en una cuestión de Estado» y para impulsar todas las políticas públicas «que puedan remover las desigualdades que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres en el accceso a sus derechos», ya sea en los ámbitos laboral o de salud, en el acceso a la vivienda o en la redistribución de la riqueza.
En este marco encaja el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, que Irene Montero ha definido como «la hoja de ruta del Gobierno, y por tanto del conjunto de las Administraciones Públicas, para desplegar las políticas de igualdad». La inversión prevista alcanza los 21.319 millones de euros, un 4,4% del presupuesto no financiero del Estado frente al 1,1% del plan anterior, cuya vigencia acabó en 2016.
«Es un plan para aportar, desde las instituciones, a lo mejor que tiene este país, que es el feminismo, y para que todas las mujeres encuentren en lo común y en las instituciones todos los esfuerzos para garantizar todos y cada uno de sus derechos», ha señalado la ministra.
El Plan se estructura en torno a cuatro ejes de intervención. En primer lugar, el Buen Gobierno, para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y democrático; en segundo lugar, la Economía para la vida y el reparto justo de la riqueza, contra la feminización de la pobreza y la precariedad; en tercer lugar, Vidas libres de violencia machista para las mujeres, con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia; y por último, un cuarto eje que pretende asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida.
El objetivo del primer eje es conseguir que todas las políticas públicas tengan perspectiva de género y, por ejemplo, garantizar que todo el personal público esté formado al respecto.
El segundo eje incide particularmente en las brechas más profundas y concentra el 91% de los recursos económicos del plan en medidas por el empleo digno y la reducción de las brechas salarial y de pensiones, así como en la corresponsabilidad de los cuidados: «Que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años, políticas públicas de conciliación como el Plan Corresponsables que permitan que las mujeres, que son las que mayoritariamente asumen esas tareas de cuidados, puedan tener liberado su tiempo para poder ejercer todos y cada uno de sus derechos y no solamente poder conciliar la vida laboral con la vida familiar, sino también la vida personal».
En el tercer bloque, para conseguir vidas libres de violencias machistas, se persigue el fortalecimiento de los sistemas de coordinación y respuesta institucional para la detección precoz y la atención integral a las víctimas, tanto de violencia por parte de su pareja o expareja, sexual, explotación sexual y trata.
En el cuarto eje se recogen medidas diversas para responder a las realidades y necesidades de mujeres que además de la desigualdad por razón de sexo están afectadas por desigualdades provocadas por su orientación sexual, raza, discapacidad u origen.
Reducción de las brechas salarial y de las pensiones
La portavoz del Gobierno se ha referido a los avances conseguidos durante la legislatura para reducir la brecha salarial, que hoy se sitúa en un 16,2% -un 5% menos-, y la brecha de las pensiones, que ha pasado del 30 al 25% y que se prevé que se sitúe en el 20% el próximo año.
Así lo ha puesto de manifiesto el balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del primer año de aplicación del complemento de brecha de género, que ha sido analizado en el Consejo de Ministros.
Este complemento está asociado a la acreditación de un perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo, un perjuicio que los datos acreditan que sufren mayoritariamente las mujeres: «De cada 20 personas que reciben el complemento, 19 son mujeres», ha destacado Isabel Rodríguez.
En vigor desde febrero de 2021, este complemento sustituyó al aprobado en 2015 y que fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que no preveía que se pudiera ser beneficiario del mismo a partir del primer hijo sino solamente a partir del segundo. Actualmente, de los 190.000 perceptores, casi 41.000 tienen un solo hijo a cargo.
PERTE de la Economía Circular
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, con el que pretende acelerar la transición del modelo actual -producir, consumir y tirar- hacia un sistema más eficiente y sostenible en el uso de materias primas.
La Economía Circular propone que los materiales y recursos se mantengan durante el mayor tiempo posible, se reduzcan al mínimo los residuos generados y que estos se recuperen para volver al ciclo productivo.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha afirmado que el PERTE en Economía Circular «contribuirá de manera decisiva a los esfuerzos de España por conseguir una economía sostenible, descarbonizada, eficiente e inteligente en el uso de los materiales y de los recursos y, por tanto, más competitiva y con mayor autonomía estratégica».
Teresa Ribera ha recordado que las medidas contenidas en este PERTE facilitan la consecución de los objetivos previstos en la Estrategia Española de Economía Circular para 2030, aprobada hace dos años, y posicionará a nuestro país como un referente en la gestión, reciclaje y reutilización de residuos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye recursos para alcanzar este objetivo y la vicepresidenta ha avanzado que ya se han recibido 1.200 solicitudes para proyectos relacionados con el diseño, la producción y la gestión de residuos.
Objetivos del PERTE de Economía Circular
Este PERTE incluye tres objetivos: fomentar el ecodiseño de los productos para que sean más duraderos y reparables; mejorar la gestión de los residuos mediante plantas de tratamiento que incorporen las materias primas recuperadas para producir nuevos bienes y facilitar la digitalización de ambos procesos.
Teresa Ribera ha concretado que el proyecto contempla dos líneas de actuación: una transversal, que se extenderá a todos los sectores productivos, y otra específica dirigida a tres sectores clave por su contribución al Producto Interior Bruto y a la generación de empleo: el textil, los plásticos y los bienes de equipo para energías renovables.
La previsión de crecimiento de residuos en estos sectores es superior al del resto y podrían reintroducir en el ciclo productivo una gran cantidad de recursos que ahora son desaprovechados, pero tienen dificultades para acceder a la tecnología necesaria y les supone un gran coste, ha explicado la vicepresidenta.
Para mejorar la competitividad del sector textil, el PERTE favorece la incorporación de materias primas de bajo impacto ambiental y de tecnologías que facilitan la reutilización e incorpora medidas para mejorar la trazabilidad de productos y materiales.
Por su parte, la industria del plástico está comprometida en la búsqueda de alternativas para el reciclaje, por lo que el PERTE fomenta el impulso de envases reutilizables y el reciclado mecánico y químico. «Debemos acompañar a nuestra industria para que la gestión y recuperación de estos materiales y su sustitución por otros sea una realidad y una oportunidad industrial, y no una fuente de frustración por llegar tarde a la carrera tecnológica», ha dicho Ribera.
En cuanto a las energías renovables, la vicepresidenta ha apostado por gestionar los residuos generados cuando los productos llegan al final de su vida útil: «Litio, níquel cobalto, magnesio, grafito son algunos de los elementos que están presentes en toda la industria de bienes de equipo de las energías renovables, algo que debemos recuperar para poder ser utilizados en las nuevas versiones más eficientes».
Teresa Ribera ha avanzado que el PERTE cuenta con varias convocatorias a lo largo de este año, recoge ayudas por valor de 492 millones de euros y prevé movilizar recursos superiores a los 1.200 millones hasta el año 2026.
Regulación de la recarga de vehículos eléctricos
También en el ámbito de la Transición Ecológica, el Gobierno ha regulado la prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos. La norma establece los derechos y las obligaciones de los operadores de los puntos de recarga y de las empresas proveedoras de servicios y protege más a los usuarios.
Entre las obligaciones, destaca la de remitir la información sobre las características de las instalaciones para elaborar un mapa oficial de puntos de recarga que se publicará en los próximos meses.
La vicepresidenta tercera ha añadido que la medida ayudará a generar confianza para «conseguir 100.000 puntos de recarga a finales de 2023 y una penetración paulatina y progresiva de la movilidad eléctrica en nuestro país».
Protección a los desplazados desde Ucrania
El Gobierno ha acordado que se aplique en España la Directiva Europea de Protección Temporal como mecanismo excepcional para atender a las personas que huyen de Ucrania y facilitarles los trámites para obtener un permiso de residencia y trabajo.
Isabel Rodríguez ha detallado que la norma se aplicará tanto a los nacionales ucranianos que lleguen a España como consecuencia de la guerra como a los nacionales de terceros países o incluso apátridas que estuvieran residiendo legalmente en Ucrania y hayan tenido que irse. También a aquellos otros ucranianos que se encontraran aquí antes del 24 de febrero y que no pueden regresar a Ucrania. La protección se extenderá a cónyuges, parejas e hijos menores.