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Lun. Nov 25th, 2024

La Junta concede ayudas por valor de 350.000 euros a entidades públicas gaditanas para mejorar sus infraestructuras de I+D+I

La Universidad de Cádiz y la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica son las beneficiarias en la provincia

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha destinado 13,8 millones de euros a 16 entidades públicas de investigación, entre las que se encuentran las universidades andaluzas, para mejorar sus infraestructuras y equipamientos de I+D+I, tal y como recoge el BOJA publicado el viernes. En la provincia de Cádiz el total asignado asciende a 355.016,18 euros que irán destinados a la Universidad de Cádiz y a la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica en Cádiz.

El 70% de los fondos, equivalente a 9,71 millones, se han concedido a nueve universidades públicas andaluzas y el resto se ha otorgado a fundaciones y organismos dependientes de la Junta de Andalucía y del CSIC. En la distribución de las ayudas, la Dirección General de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, dependiente de la Consejería, ha valorado la excelencia científica de la propuesta, su proyección internacional y su adecuación a las prioridades temáticas del PAIDI 2020, de la RIS3 Andalucía y, en su caso, al objetivo prioritario FEDER.

La Universidad de Granada es la que más incentivos ha recibido, con una cuantía de 3,35 millones, seguida de la Hispalense, con 2,92 millones. A continuación, se sitúan la Universidad de Málaga (1,30 millones), la Universidad de Jaén (481.643 euros), la de Almería (422.056 euros), la de Córdoba (335.437 euros) la de Cádiz (316.581 euros), la Pablo de Olavide (312.569) y la de Huelva (257.175 euros).

Al margen de las instituciones académicas, la Consejería de Transformación Económica ha inyectado 1,68 millones de euros a diversos centros e institutos de investigación del CSIC. Entre ellos, destacan el Instituto de Astrofísica de Andalucía (621.323 euros), el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (240.561 euros), el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (120.020 euros) o el Instituto de Investigaciones Químicas (233.484 euros). También han captado ayudas el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (207.526 euros), la Estación Experimental de Zonas Áridas (114.453 euros) o el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (151.497 euros)

A estas entidades se suma el Observatorio de Calar Alto, centro gestionado conjuntamente por la Junta y el CSIC, que ha obtenido una subvención de 234.440 euros.

En cuanto a los organismos dependientes de la Junta de Andalucía o impulsados por la Administración autonómica en colaboración con las universidades públicas, se encuentran la Fundación Progreso y Salud (1,28 millones), de la Consejería de Salud y Familias; o la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), con una cuantía de 444.602 euros. Este programa de incentivos también ha beneficiado al Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con 154.529 euros; o a la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz (38.434 euros)

Con estos recursos, procedentes de Fondos FEDER, se subvencionan la construcción de edificaciones auxiliares de carácter técnico, la adquisición de bienes de equipos, equipos informáticos o de infraestructura TIC en general, así como la compra y tratamiento de software y otras inversiones en activos fijos materiales. Asimismo, se pueden sufragar labores de planificación, ingeniería y dirección facultativa, además de estudios de viabilidad, diseño o construcción de infraestructuras, equipamientos, instrumentación científica avanzada o componentes de elevado contenido tecnológico.

De igual modo, se incluyen gastos asociados a material bibliográfico, material fungible o estudios de mejora de rendimiento e inversiones para la adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados o no, adquiridos en cualquier caso en condiciones de mercado. Todas estas actuaciones incentivadas tendrán un plazo máximo de ejecución de dos años.

360 millones en ayudas

Este programa de incentivos se encuadra en los casi 360 millones de euros puestos por la Junta a disposición de la I+D+I andaluza desde 2019, con el objetivo de alcanzar un sistema del conocimiento sólido capaz de contribuir al progreso de la sociedad andaluza.

Esa inyección pública ha posibilitado, en gran medida, que Andalucía fuera en 2020 la comunidad en la que más ha aumentado el gasto en investigación, registrando una subida del 5,8% respecto al año anterior, lo que supone 4,5 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 1,3%. Ese porcentaje, que se traduce en una inversión de 1.627,2 millones, supone el mayor incremento registrado en la comunidad en los últimos diez años. Teniendo en cuenta 2019, la comunidad acumula dos años consecutivos de subidas, ya que en ese año el ascenso se situó en el 4%.

En términos absolutos, el volumen invertido coloca a la región en tercera posición a nivel nacional solo por detrás de Madrid y Cataluña. Así se recoge en el informe elaborado por la Consejería de Transformación Económica, a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

De acuerdo con dicho documento, que analiza los últimos datos publicados por el INE, en la comunidad, el gasto en investigación y desarrollo procede, mayoritariamente, del sector público (administración pública y enseñanza superior). Esta esfera continúa actuando como tractor de la inversión regional en I+D, al ejecutar el 63,53% de los recursos, lo que equivale a 1.033,7 millones. El ámbito privado, que engloba a empresas e instituciones privadas sin fines de lucro, asumió el 36,47% restante, esto es 593,5 millones.

Al margen de este apoyo financiero, la Consejería está ultimando la aprobación de la Estrategia de Inversión, Desarrollo e Innovación de Andalucía (EIDIA), que plantea entre sus objetivos a cumplir en 2027 incrementar la inversión privada en I+D hasta alcanzar el 55% del gasto regional y que la región cuente con 2.500 personas dedicadas a la investigación por cada millón de habitantes.

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