La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha intervenido en Málaga en un encuentro con sus homólogos andaluces sobre la ‘Cumbre de Diputaciones Provinciales de Andalucía: Retos y Desafíos’, donde ha fijado «una reforma justa de la financiación» como el primer reto de futuro de las diputaciones.
Según ha señalado la Diputación en una nota, Irene García ha compartido una mesa de debate, centrada en ‘Modelos de financiación, inversiones y captación de fondos Next Generation’, junto con los presidentes de Sevilla, Almería y Jaén, Fernando Rodríguez Villalobos, Javier Aureliano García Molina y Francisco Reyes, respectivamente.
La presidenta gaditana ha defendido la capacidad de las diputaciones como «apoyo imprescindible» de los consistorios para ofrecer servicios y llegar a lugares donde otras administraciones no alcanzan, asumiendo en momentos de necesidad competencias que no son suyas por el bien de la ciudadanía. «La pandemia ha revelado el papel imprescindible de las diputaciones», ha afirmado Irene García, como ejemplo de esa versatilidad, ya que «se atendieron a todos los ayuntamientos y se hicieron cosas que nunca se habían hecho».
Sin embargo ese potencial se encuentra, a la hora de aplicarse, con dificultades jurídicas, al ser competencias impropias, y también económicas, al no estar dotadas de financiación para afrontar determinadas necesidades, ha apuntado.
«El gran reto parte de la financiación, contar con unos recursos suficientes y justos», ha defendido la titular de la entidad gaditana, que ha abogado porque el debate sobre esta cuestión se desarrolle de manera conjunta con el de la financiación de la Administración autonómica. «Somos tan Estado como el resto de las instituciones», ha argumentado, a la vez que ha reivindicado «contar con financiación propia de la Patrica» (Participación de Tributos de la Comunidad Autónoma), que reciben los ayuntamientos, pero no las entidades provinciales.
Además, ha reiterado la reivindicación elevada por diputaciones y FAMP de tener un papel protagonista en el reparto y uso de «la gran oportunidad que son los fondos europeos Next Generation».
Irene García ha enumerado algunas de las fortalezas que las diputaciones tienen, como «un escenario de consenso que ya quisieran otras administraciones» y una acreditada solvencia en asistencia y dotación de servicios, incluso de aquellos cuyas competencias no le son propias, aspecto que ha ejemplificado con el caso de la ayuda a domicilio. No obstante, ha señalado que la financiación vuelve a suponer un problema en estos casos, argumentando que «en la Diputación de Cádiz no hay ni una sola competencia cedida por la Junta de Andalucía que no le cueste dinero».
En opinión de la presidenta, estas entidades supramunicipales cuentan con otras virtudes, como «tejer alianzas y trabajo en red», como el que se dio entre diputaciones durante el estallido de la crisis del Covid-19 o su carácter resolutivo, todo ello, en favor de la igualdad de oportunidades entre todas las personas vivan donde vivan. «Cuando los servicios públicos no funcionan bien en los municipios pequeños restamos oportunidades a la gente local y no asentamos la población al territorio», ha añadido.
Finalmente, ha aludido a las potencialidades de la provincia de Cádiz en términos de recursos naturales, situación geoestratégica, capacidad exportadora y condición de potencia turística. Sin embargo no ha ocultado que, pese a ello, padece unas tasas de paro muy elevadas que suponen «una fuga del talento para crear oportunidades en la provincia». Todo ello en un escenario donde predominan las pequeñas y medianas empresas, «las que más sufren las crisis y dificultades».