El Ejecutivo ha adoptado medidas urgentes para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, apoyar a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados, garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que la situación es grave y que el Gobierno está actuando en consecuencia, «con responsabilidad y empatía» y ofreciendo una respuesta coordinada a nivel europeo «basada en la unidad, la determinación y la solidaridad».
El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.
Los ocho objetivos concretos para «repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021», ha resumido Calviño, son bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes ayudando en particular a los colectivos más vulnerables; apoyar a los sectores y a las empresas más afectados y particularmente a pymes y a autónomos; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.
Ayuda a las familias, trabajadores, personas desplazadas y refugiadas
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que las medidas aprobadas protegen a las familias, a los trabajadores y trabajadoras y al tejido productivo y permitirán, como sucedió durante la pandemia, «salir juntos» de esta crisis provocada por la guerra.
Díaz ha abogado por el mantenimiento del empleo y ha recordado a los empresarios que el despido es innecesario porque pueden acogerse al mecanismo de los ERTES, a través de los que se destinan recursos públicos para costear salarios y cotizaciones sociales: «En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir», ha dicho.
La ministra ha explicado que se ha incorporado como novedad que cualquier despido que se produzca por causas relacionadas con el incremento de los precios de la energía se considere injustificado.
Por otro lado, para reducir el impacto de la inflación, la norma incluye una revalorización de un 15% del Ingreso Mínimo Vital y una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda hasta el 30 de junio de 2022. Salvo pacto en contrario, no podrá superar la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), actualmente situado en el 2%.
La vicepresidenta segunda se ha referido también a dos procedimientos que se pondrán en marcha para proteger a las víctimas de la guerra de Ucrania. Por un lado, para evitar que las mujeres caigan en manos de redes de trata o para sacarlas de ellas de manera «rápida y eficaz», y, por otro, para diseñar, de acuerdo con las comunidades autónomas, un sistema de acogimiento de refugiados por parte de familias.
Apoyo al tejido económico y empresarial
Nadia Calviño ha enumerado algunos de los sectores más afectados que recibirán ayudas directas. Habrá 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones de euros para el sector pesquero; más de 500 millones de euros en ayudas a los grandes consumidores de electricidad y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva.
Respecto a las medidas destinadas a garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos, Calviño ha explicado que los avales por 10.000 millones de euros que gestionará el ICO podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.
Por otro lado, se flexibiliza el Código de Buenas Prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondientes a los créditos COVID, de forma que ya no sea necesario que la cifra de negocios en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a una ampliación del plazo de vencimiento. Asimismo, se habilita un periodo de carencia de 6 meses a petición de los deudores en los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad para las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.
Medidas para el sector del transporte
El sector del transporte será el principal beneficiario de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible y las empresas de transporte de mercancías y pasajeros recibirán además 450 millones de euros en ayudas directas.
Otras medidas son la reducción a un mes el plazo de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos y una bonificación adicional del 80% a la tasa del buque y la tasa de mercancía en líneas marítimas de conexión entre la Península y los puertos extrapeninsulares pertenecientes al Sistema Portuario de titularidad estatal.
Ciberseguridad
Con el objetivo de poder responder de manera adecuada al mayor riesgo derivado del contexto geopolítico actual, el Gobierno también ha aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad con una inversión de más de 1.200 millones de euros y la transposición a la legislación nacional de la normativa europea sobre integridad y seguridad relativas al despliegue del 5G.
Actuaciones energéticas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mantenido que el Gobierno quiere reducir o contener los precios de la energía para evitar que se produzca un espiral inflacionista, asegurar el suministro y la autonomía energética, con el fin de sortear la volatilidad de los mercados internacionales, así como acelerar la transición energética.
La dimensión del impacto de la energía va más allá de los colectivos más vulnerables, por lo que las disposiciones adaptadas hoy «están pensadas también para las clases medias, los trabajadores, las pymes y los autónomos», ha afirmado Ribera.
Con este fin, Teresa Ribera ha recordado que el Consejo Europeo de los pasados 24 y 25 de marzo acordó que España y Portugal podrán aplicar un mecanismo temporal y extraordinario para aminorar el impacto del precio del gas natural en la configuración del mercado mayorista de la electricidad.
Además de impulsar esta respuesta coordinada en Europa el Gobierno ha acordado hoy distintos instrumentos y el Real Decreto-ley con medidas urgente para responder a la situación, según ha expuesto la vicepresidenta.
Bonificación de la gasolina y prorroga de rebajas fiscales
Teresa Ribera ha destacado que se extiende hasta el 30 de junio el tratamiento fiscal extraordinario que recibe la electricidad desde el verano pasado, con una disminución del 10% del IVA, la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% del impuesto especial de electricidad.
También se ha referido a la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio, anunciada ayer por el presidente del Gobierno. El Ejecutivo aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5.
Fomento de las renovables
La vicepresidenta tercera ha subrayado que se actualiza el régimen especial del que disfrutan las plantas que producen energía renovable para que no reciban más recursos de los que les corresponden según la legislación vigente. Esta medida permitirá liberar 1.800 millones de euros que se destinarán a reducir la parte fija de la factura eléctrica de los hogares.
Las plantas de generación renovable podrán vender su electricidad al margen del mercado mayorista a partir del 1 de enero de 2023, lo que facilitará una mayor liquidez de electricidad «a precios baratos razonables, para operadores industriales o comercializadores que tenga por destino el de vender electricidad a los hogares», ha añadido.
Teresa Ribera ha resaltado que se acelerará la tramitación de los proyectos de hasta 7 megavatios de energía eólica y de hasta 150 de fotovoltaica. Además, se modificará la ley de Aguas para permitir el despliegue de la energía fotovoltaica flotante y se favorecerá el autoconsumo.
La norma contempla, asimismo, la posibilidad de instalar plantas dedicadas al almacenamiento eléctrico que funcionen solas, de forma aislada, dando flexibilidad y cobertura al sistema.
Industria electrointensiva
La vicepresidenta tercera ha explicado que el Plan contempla una reducción del 80% de los peajes que paga la industria electrointensiva por el uso de las redes de transporte y distribución de electricidad, por un importe equivalente a 250 millones de euros. Además, recoge un incremento de la dotación destinada a compensar costes indirectos de CO2 a las industrias beneficiarias. También incluye ayudas específicas para sectores cuyo consumo de gas por producto final es particularmente alto.
Fortalecimiento del Bono social eléctrico
Teresa Ribera ha resaltado que el bono social eléctrico se flexibiliza y beneficiará no solo a las familias sino a las personas convivientes en el mismo domicilio, y se renovará de forma automática los próximos dos años. Además, incluirá automáticamente a todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
Por otra parte, se prorroga la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5% por trimestre para los consumidores que tienen contratada la Tarifa de Último Recurso.
Otros acuerdos
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 2.415 millones de euros para la aplicación en las comunidades autónomas del Plan Anual de Política de Empleo 2022. A esta cantidad, consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2022, se añadirán otros 383,4 millones procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El reparto deberá ser ratificado en Conferencia Sectorial el próximo 6 de abril.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado que esta inversión permitirá transformar las políticas activas de empleo, con especial incidencia para los jóvenes y las mujeres.
Díaz también se ha referido al acuerdo del Gobierno alcanzado hoy según el cual las agencias de viaje podrán acogerse al Mecanismo RED de Flexibilización y Estabilización del Empleo contemplado en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. Estas empresas podrán solicitar la aplicación de medidas de reducción temporal de jornada y suspensión de contratos de trabajo, entre otras, hasta el 31 de diciembre de este año.
Finalmente, anticipándose a la celebración, mañana, del Día de las trabajadoras domésticas, Díaz ha anunciado que España ratificará en breve el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.