Advierte que ello no supone la recuperación de la gestión pública de este servicio
FACUA Cádiz critica la fórmula elegida por el ayuntamiento de S. Fernando para la gestión del suministro de agua, reclamando que se opte porque el mismo sea gestionado por una empresa 100% pública, de forma que ninguna empresa privada forme parte de su accionariado.
El suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos que, a la hora de decidir cómo lo gestiona, puede optar por hacerlo directamente, o a través de la concesión a una empresa pública (fórmulas que actualmente utilizan en la Bahía de Cádiz los ayuntamientos de Puerto Real, Chiclana y el de la capital), privada (opción que hasta el momento se mantiene en S. Fernando) o mixta (modalidad utilizada actualmente por el ayuntamiento de El Pto. de Sta. María).
En el día de ayer, el equipo de gobierno municipal de San Fernando (conformando por el PSOE y Ciudadanos) anunciaba que ha decidido encomendar la gestión del servicio a una empresa mixta, de la que el Ayuntamiento dispondrá del 51% del accionariado, dejando el 49% restante en manos de una empresa privada.
FACUA Cádiz advierte que esta decisión no supone la recuperación de la gestión pública de este servicio, dado que, aunque el ayuntamiento disponga de la mayoría de las acciones de la empresa, será la empresa privada, en su calidad de socio técnico, el que continuará llevando las riendas de la gestión, decidiendo, por ejemplo, las obras a ejecutar y a qué empresas son éstas encomendadas, o la atención a los usuarios.
A juicio de esta organización, la fórmula de la empresa mixta impide en la práctica que el ayuntamiento tenga un control efectivo sobre la prestación del servicio, pero, al mismo tiempo, sí que le obliga a asumir cualquier consecuencia derivada de una mala gestión. Por lo tanto, la organización de consumidores considera que el cambio de fórmula coloca en una posición más cómoda a la empresa privada mientras que no reporta al ayuntamiento ningún beneficio considerable.
Asimismo, la asociación denuncia que esta modalidad de gestión impide que se desarrollen iniciativas para posibilitar la participación de los usuarios, como los Observatorios del Agua que funcionan en la ciudad de Sevilla o, desde hace algunas semanas, en Cádiz.
FACUA Cádiz también critica que el gobierno municipal haya tenido en cuenta exclusivamente, a la hora de adoptar la decisión, el informe elaborado por una consultora privada, sin que haya solicitado la opinión al respecto ni de esta organización ni de otros colectivos, como sindicatos o asociaciones vecinales.