La estrategia incorpora la perspectiva de género, contempla las necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito rural e implica a todas las administraciones. Además, el Ejecutivo ha acordado el nuevo Esquema Nacional de Seguridad para el sector público.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebra cada 3 de mayo, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030.
La medida permitirá hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. De esta forma, España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar un marco similar para el mismo periodo. Además, el plan compete tanto al Gobierno, como a las comunidades autónomas, los ayuntamientos e incluso a la iniciativa privada.
La portavoz ha destacado que su objetivo es apoyar a los «más de cuatro millones de españoles que sufren discapacidad, acompañarles y derribar barreras arquitectónicas, sociales, laborales y normativas». «Queremos acabar con estos obstáculos y construirlos en escaleras de ascenso en derechos, en inclusión y en igualdad», ha añadido.
Isabel Rodríguez ha subrayado que la estrategia afronta la desigualdad en el ámbito de la discapacidad, es decir, trae la perspectiva de género a las personas con discapacidad. Así se salda «una de las demandas históricas del colectivo para atender a las mujeres y a las niñas con discapacidad en situaciones de desigualdad que han sufrido en el pasado».
Asimismo, la ministra ha indicado que la iniciativa da respuesta a otros desafíos transversales, recogidos en la Agenda 2030, como la emergencia climática y el reto demográfico.
Del mismo modo, la estrategia tiene repercusión en el ámbito rural, de los pequeños municipios y del campo, donde también residen personas con discapacidad, a las que hay que escuchar, acompañar y atender.
La portavoz ha señalado que la medida cuenta con la financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Ejecutivo está destinando a ámbitos como el de los servicios públicos, la accesibilidad, la vivienda, la educación y la cultura, y que redundarán en la generación de oportunidades y en yacimientos de nuevos empleos para el colectivo de personas con discapacidad.
Modernización del comercio
El Ejecutivo ha autorizado la distribución territorial entre las comunidades y ciudades autónomas de 100 millones de euros destinados al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Isabel Rodríguez ha precisado que estos fondos se dirigen, en especial, a actualizar el comercio de proximidad mediante las nuevas tecnologías y llegar a las pymes y a los pequeños establecimientos.
Se financiarán proyectos para mejorar la estrategia comercial en línea, el modelo de negocio y la experiencia de compra, así como propuestas para transformar el espacio físico de venta e impulsar la eficiencia energética y la economía circular.
La portavoz ha subrayado que el comercio de proximidad «no sólo es negocio y empleos», sino que cambia la vida de las ciudades y las transforma, cimenta la cohesión territorial y contribuye a un modo de consumo más sostenible.
Fomento del sector del deporte
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas para modernizar las instalaciones deportivas y fomentar el ejercicio físico.
De esta cantidad, 26 millones se dirigen a modernizar las infraestructuras de los Centros de Alto Rendimiento Deportivo y la Red de Centros existente en las comunidades autónomas, para que sean más sostenibles y optimicen la energía. Los otros 9 millones se destinarán a implementar un plan de promoción de la actividad física y el deporte para la salud a través de herramientas digitales.
Rodríguez ha afirmado que la práctica deportiva mejora la calidad de vida y también contribuye a la cohesión territorial. El acuerdo está enmarcado en el componente 26 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas
El Gobierno ha autorizado dos nuevas operaciones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, instrumento concebido en julio de 2020 para ayudar a compañías con problemas económicos, pero con acreditada solvencia para mantener su negocio y los empleos en el futuro. En este caso, se destinarán 38 millones de euros al Grupo Julià y 28 millones al Grupo Mediterránea de Cátering.
La portavoz del Ejecutivo ha argumentado que ambos grupos tienen carácter estratégico en los sectores del turismo y servicios y cuentan con amplias plantillas. «Con esta decisión y estos 66 millones de euros, el Gobierno está ayudando al mantenimiento del empleo de más de 10.000 trabajadores».
Isabel Rodríguez ha añadido que el Ejecutivo tiene constancia de la viabilidad de ambos negocios, por lo que la medida trata de evitar su cierre, garantizar su continuidad y su aporte a la economía del país.
Reglamento del Ministerio Fiscal
El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento del Ministerio Fiscal y la ampliación de su plantilla para adecuarla a las necesidades existentes.
El Reglamento del Ministerio Fiscal deroga la norma actual, de 1969 y, por tanto preconstitucional, y la adapta a la legislación vigente, según ha trasladado la portavoz. El texto recoge las categorías, adquisición y pérdida de la condición de fiscal, los procedimientos de nombramiento, regula los permisos de los miembros de la carrera fiscal y los derechos y deberes de los integrantes del Ministerio Fiscal.
Por otra parte, Isabel Rodríguez ha avanzado la creación de 60 nuevas plazas para actualizar la plantilla y la creación de dos plazas de fiscales para reforzar la especialidad de protección de personas con discapacidad y mayores.
Nuevo Esquema Nacional de Seguridad
El Gobierno ha actualizado el Esquema Nacional de Seguridad, que se aplica a todo el sector público y establece la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos. Recoge los principios básicos y los requisitos mínimos que garantizan la seguridad de la información tratada y las medidas de protección, así como mecanismos de conformidad y de monitorización.
También se actualizan las medidas de seguridad para reducir vulnerabilidades, promover la vigilancia continua y mejorar la respuesta a las ciberamenazas, «que son una realidad dinámica y permanente para todos, ciudadanos, administraciones y empresas», ha afirmado Rodríguez.
Aunque España es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa en ciberseguridad según el Índice Global de Seguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Rodríguez ha subrayado que «sigue reforzando sus capacidades», no solo con la nueva norma aprobada hoy, sino también con el Real Decreto-ley sobre Ciberseguridad y 5G convalidado en el Congreso el pasado jueves y los 1.000 millones de inversión que destina al efecto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Investigación de un ciberataque a teléfonos móviles del Gobierno
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez ha afirmado que esta actualización de recursos, medios y protocolos en seguridad es «seguramente lo que ha permitido que hoy tengamos acreditados hechos que hemos puesto a disposición de la justicia».
Rodríguez hacía referencia así al «ataque externo, al margen de los medios del Estado e ilícito, sin autorización judicial» detectado contra los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La portavoz ha explicado que, además de denunciar el caso, el Gobierno lo ha dado también a conocer a la opinión pública desde el minuto uno, «en un ejercicio absoluto de transparencia, que es lo que se espera de un gobierno democrático».
Isabel Rodríguez ha sostenido, como ya hizo hace quince días en relación con el caso de ciberespionaje a políticos catalanes y vascos, que el Gobierno no tiene nada que ocultar y está al servicio de «aclarar todas las circunstancias, para que todos podamos estar tranquilos de que en un Estado democrático funcionan el Estado y sus mecanismos, y, por tanto, los derechos y libertades individuales no se pueden ver vulnerados si no es por orden judicial».
El Gobierno colaborará con la justicia «incluso desclasificando, si así fuera necesario, la documentación afectada», con la investigación anunciada por el Defensor del Pueblo y ha puesto ya en marcha un análisis interno que incluye los dispositivos móviles del resto de miembros del Ejecutivo.
Asimismo, la ministra de Defensa comparecerá mañana en el Congreso y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, lo hará el jueves ante la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales. Ambas, ha dicho Rodríguez, tienen el respaldo del presidente del Gobierno.
La portavoz también ha destacado la labor de los más de 3.000 hombres y mujeres del CNI, «un magnífico organismo de seguridad para nuestro país».