La parlamentaria andaluza Rocío Arrabal ha valorado esta mañana positivamente la memoria anual presentada por el TSJA que, a su juicio, “sirve tanto para conocer los problemas de la Justicia como para trazar el camino a seguir con objeto de mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía y establecer un diagnóstico de los principales retos pendientes en la provincia y el Campo de Gibraltar”. Sobre las recomendaciones que realiza el alto tribunal andaluz, Arrabal asegura que “las competencias son limitadas y compartidas y gran parte de las medidas propuestas no son imputables al Gobierno andaluz, sino al Ministerio de Justicia”. “Un Gobierno del PP que no ha invertido en la Justicia porque no le interesa que sea ágil y rápida”, ha apuntado, destacando que en la legislatura que acaba “ha dejado de invertir 300 millones de euros, cuando debería de duplicar la cifra como reclama la memoria”.
La principal reclamación expresada ha sido la necesidad de que “el Gobierno de España asuma de una vez por todas la convocatoria de nuevas plazas judiciales” para Andalucía ya que, según las cifras aportadas por la parlamentaria, “estamos muy por debajo de la ratio en Europa que es 21 jueces por cada cien mil habitantes y aquí en 11,1”. Y concretamente- así lo dice la memoria- los juzgados de Algeciras y La Línea necesitan ese aumento de plazas debido a la excesiva carga de trabajo que soportan.
Rocío Arrabal ha reseñado que la memoria es de 2015 “cuando Landaluce era diputado nacional” y así le ha reprochado que, “teniendo una demanda real sobre los juzgados de la ciudad que preside no haya tenido la consideración de reclamar a su Gobierno la necesidad imperiosa que tienen los juzgados de que se aumenten las plazas de jueces y fiscales”.
La parlamentaria andaluza ha puesto en valor, por el contrario, el complemento realizado desde el Gobierno andaluz con presupuesto real para los planes de refuerzo de jueces que se están cumpliendo como prueban las plazas ofertadas de 60 funcionarios de gestión procesal, 54 de procesal administrativa, y 80 de auxilio judicial. “Pero cualquier medida tiene que venir acompañada de nuevos jueces y fiscales si no, no tiene incidencia alguna en la resolución de los problemas y la impartición de Justicia”, ha apuntado, reclamando al Gobierno su parte.
Arrabal ha insistido en que la mayoría de las decisiones que pueden influir en la mejora del sistema dependen del Gobierno central “que ha dejado de la mano” cuestiones que vienen recogidas en la memoria TSJA como “la estructura obsoleta de los órganos judiciales, una inadecuada planta y dermarcación judicial que no se adapta a los cambios demográficos y sociológicos producidos, así como la vigencia de leyes decimonónicas”.
Junto al reproche al PP “por haber pasado del acuerdo a la imposición” en las reformas llevadas a cabo, la parlamentaria socialista ha censurado que “el PP solo se haya movido cuando se aproximan las elecciones”. “El PP no ha creado ni un solo órgano judicial nuevo, ni fiscal, y anunció la creación de 45 órganos unipersonales no contemplados en los PGE 2016, una medida electoralista porque si no viene en los PGE, no existe”, ha explicado.
Sobre la dispersión de instalaciones judiciales en Algeciras, Arrabal ha recordado que “seguimos pendientes de una nueva sede judicial que unirá juzgado de lo penal, menores y vigilancia penitenciaria que se unirá a la sección séptima de la Audiencia, pero estamos pendientes de que se firme el convenio con la Junta y le pedimos al alcalde colaboración para que esa nueva sede sea una realidad lo antes posible”.
“Algeciras necesita y esto es competencia estatal, un quinto juzgado de instrucción y un segundo juzgado de lo social, está muy sobrecargada con un ingreso superior al 30 por ciento de la carga razonable de trabajo”, ha subrayado para reclamar al alcalde y candidato al Senado que “luche por lo que Algeciras necesita”.
Arrabal ha criticado que la tasa de litigiosidad haya bajado, lo que ha achacado a la aprobación de las tasas judiciales de Gallardón, parcialmente derogadas a día de hoy y al mismo tiempo, ha apuntado que, a raíz de esta derogación de las tasas, se empieza a observar de nuevo un repunte de las demandas ciudadanas, con un incremento del diez por ciento de los casos que llegan a las audiencias provinciales.
Por último, ha compartido la sugerencia realizada por el informe para que el Juzgado de violencia de género de Algeciras extienda su circunscripción para acoger los casos de San Roque y la Línea.