Cardenete ha reiterado en la Conferencia Sectorial la necesidad de reorientar las partidas destinadas al primer ciclo de infantil para dar un paso definitivo hacia la gratuidad total para todas las familias
El consejero de Educación y Deporte en funciones, Manuel Alejandro Cardenete, ha pedido en la Conferencia Sectorial de Educación que ha tenido lugar hoy en Madrid, en la que se ha tratado como punto principal la distribución de los fondos europeos de recuperación (MRR), máxima celeridad en la transferencia de las distintas partidas para poder ejecutar cuanto antes unos programas que son “fundamentales para seguir desarrollando en Andalucía las políticas para una educación de excelencia sin dejar a ningún niño atrás”.
Cardenete ha explicado que son alrededor de 160 millones de euros los que corresponden a Andalucía de estos fondos europeos, destinados a ámbitos como la mejora de la competencia digital, el desarrollo y modernización de la formación profesional o el programa de orientación y refuerzo educativo del alumnado vulnerable y en centros de especial complejidad, y que en este caso Andalucía destinará, fruto de la negociación con los sindicatos, a la ampliación de las plantillas docentes (orientadores, audición y lenguaje y pedagogía terapéutica).
El consejero andaluz también ha recordado a la Ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, el compromiso que adquirió el que fuera secretario de Estado, Alejandro Tiana, de elevar una consulta a la Comisión Europea para poder reorientar el destino de los fondos para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de infantil. Cardenete ha recordado que, dadas las características del modelo andaluz, “un modelo de éxito, con más de un 50% de tasa de escolarización”, y la existencia de más de 30.000 plazas vacantes en el sistema, Andalucía siempre ha apostado por dedicar los 123 millones de este programa a dar un paso casi definitivo para la gratuidad completa del 0-3 para todas las familias andaluzas, en lugar de a la creación de más plazas públicas, teniendo en cuenta además el riesgo de poner en peligro más de 12.000 empleos en la red de escuelas infantiles.