Este colectivo tendrá la misma protección por desempleo que el resto de trabajadores por cuenta ajena. Además, el Ejecutivo ha impulsado actuaciones para la recuperación del Mar Menor y de las zonas afectadas por el incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora) y para prevenir inundaciones en el Ebro.
El Consejo de Ministros ha equiparado, a través de un Real Decreto-ley, las condiciones de las empleadas del hogar a las del resto de trabajadores, una reivindicación histórica de las plataformas de ese colectivo. El texto acaba con la discriminación que sufrían y asegura una adecuada valoración de su trabajo. La norma responde a un compromiso del Gobierno de coalición y hace efectiva la ratificación por parte de España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que el decreto convierte a España en «un país mejor que pone en el centro de su actuación pública el bienestar para las que, hasta el día de hoy, han sido las grandes olvidadas, las mujeres trabajadoras más vulnerables». Un colectivo -ha añadido- con características singulares: más de un tercio de estas mujeres superan los 55 años, un 44% son extranjeras, y más de la mitad desempeñan ese trabajo a tiempo parcial.
La ministra ha destacado el carácter feminista de la norma, ya que engloba tanto a las trabajadoras más vulnerables como a las empleadoras, y también su valor social, pues restituye derechos de los que el legislador ha privado a este colectivo, una vulneración condenada por los tribunales de justicia europeos.
Prestaciones por desempleo y otros derechos
La principal novedad del decreto, como ha apuntado Yolanda Díaz, es que las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y a todas las prestaciones asistenciales vigentes en el ordenamiento jurídico laboral. Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a partir del 1 de octubre, y se garantiza la cobertura indemnizatoria de las trabajadoras en caso de insolvencia del empleador.
Además, la norma protege a estas trabajadoras frente a despidos injustificados y elimina la figura del desistimiento, que es una forma de despido sin causa, en la medida en que no requiere acreditarse. A partir de ahora, también disfrutarán en plena igualdad de los derechos de información sobre sus condiciones laborales, y el Ejecutivo pondrá en marcha políticas de formación y acreditación específicas.
Bonificaciones para el empleador
Respecto a la seguridad y la salud en el trabajo, se incorpora a estas mujeres al ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se crea una comisión de estudio con enfoque de género para abordar las enfermedades profesionales.
Otra gran novedad subrayada por la vicepresidenta es que, además de la reducción a las cotizaciones que existe en la actualidad, los empleadores tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones a la cotización por desempleo y al FOGASA. De esta forma -ha señalado la vicepresidenta segunda-, se protege a las trabajadoras vulnerables y, al mismo tiempo, a las familias que necesitan sus servicios.
Apoyo a iniciativas científicas divulgativas
El Gobierno aportará 2 millones a la construcción y el equipamiento de la nueva sede del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y otro millón a la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y a la Fundación Ibercivis de Zaragoza.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha remarcado que los tres proyectos tienen en común su vocación divulgativa de la ciencia y que este apoyo económico refleja el compromiso del Ejecutivo con la ciencia y su papel fundamental en el desarrollo y futuro de España.
Presidencia española de la UE en 2023
El Gobierno ha analizado el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación relativo a los preparativos para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.
Isabel Rodríguez ha explicado que más de 1.000 funcionarios se están formando específicamente para «dar la mejor versión de nosotros mismos» y también se están ya organizando las distintas reuniones oficiales en las sedes que las albergarán, repartidas por todas las comunidades autónomas «para mostrar España en su diversidad a todos los países de la UE».