El Grupo Socialista pide que se autorice a los municipios la revisión excepcional de precios en los proyectos del antiguo PER
El Grupo Socialista de la Diputación planteará en el próximo Pleno de la Corporación provincial la necesidad de que la Junta de Andalucía eleve el montante económico para la adquisición de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La propuesta socialista se fundamenta en que esa aportación para materiales, actualmente fijada en el 45% del volumen que el Estado destina para asumir los costes salariales y cotizaciones empresariales, ha de aumentarse hasta un 60 por ciento, toda vez que la constante y reiterada inflación de las materias primas amenaza con restar eficiencia al referido programa de impulso del empleo en medios eminentemente rurales.
Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, ha explicado que la elevación del porcentaje destinado a la adquisición de materiales “es esencial a la hora de garantizar el fin social que se persigue con el PFEA, un programa que ofrece posibilidades laborales en entornos rurales, mejora infraestructuras y equipamientos, reduce desequilibrios respecto a zonas urbanas y contribuye a asentar a la población en el territorio”.
Pizarro ha destacado el papel que la Diputación viene desempeñando en el desarrollo del PFEA y ha recordado que, en virtud de un convenio suscrito con la Junta de Andalucía, la Institución provincial asume una cofinanciación del 25% de ese presupuesto de materiales, con la que se complementa el 75% que corresponde a la Administración autonómica. Y ha defendido que ese volumen global se incremente de manera notable respecto a la cantidad destinada a la contratación de trabadores, “ya que la evolución de los mercados de materias primas, unida a las tensiones generadas por la pandemia de la Covid-19 y de la guerra de Ucrania está provocando que el peso de los materiales exceda de ese teórico 45% de los costes salariales, lo que está obligando a los ayuntamientos a acudir al rescate del sistema y a afrontar ese sobrecoste cuando ellos carecen de obligación legal de hacerlo”.
“Situaciones extraordinarias obligan a medidas extraordinarias. Así lo entendemos desde el Grupo Socialista, y así lo ha entendido también el Gobierno de la Nación, quien ya ha articulado, mediante el Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo, un sistema de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público que posteriormente se ha trasladado a Andalucía mediante el Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril”, ha explicado el diputado y vicepresidente cuarto.
En esta misma línea ha enmarcado la segunda parte de la propuesta al Pleno, ya que, “si a día de hoy se ha conseguido que las empresas adjudicatarias de obra pública no deban soportar una desproporcionada subida de precio de las materias primas que les amenazaba incluso con poner en serio riesgo su propia pervivencia, ahora es preciso que la Junta de Andalucía dé un paso en defensa de los municipios. Porque no puede olvidarse que en la actualidad los ayuntamientos actúan en los mercados de materiales meramente como un agente económico más, sin capacidad alguna de intervenir en los precios y padeciendo con toda la crudeza su desmedido incremento”.
De esta manera, la iniciativa socialista también persigue que la Junta arbitre un sistema de medidas similares a las ya citadas pero centradas exclusivamente en “la posibilidad de que los ayuntamientos puedan realizar la revisión excepcional de precios en los proyectos de obra por ellos desarrollados dentro del ámbito de actuación del PFEA”. Finalmente, Javier Pizarro ha señalado que “no parece de justicia que la única instancia institucional que carece de obligación legal de aportar recursos económicos para el sostenimiento del programa, la municipal, se vea perjudicada de una doble manera, ya que su esfuerzo inicial por realizar una aportación voluntaria para contar con un mayor volumen de recursos económicos tanto en conceptos extrasalariales como de materiales se traduce en una obligación cada vez más onerosa para la correcta ejecución de las obras adscritas al mismo”.