El “incumplimiento” del contrato de permuta y el incremento de costes del PFEA centran una reunión en Sevilla entre el presidente de la Diputación y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto
“Una posición intransigente” y “errónea” es la que, en opinión del presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, mantiene el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, respecto a las dos reclamaciones que mantiene la institución provincial ante esta Consejería: el abono de más de 3 millones de euros en concepto de alquiler por el uso del edificio de la Audiencia Provincial y la asunción de los sobrecostes de las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Sobre ambas cuestiones han estado hablando Ruiz Boix y Nieto en un encuentro celebrado en Sevilla, al que ha acudido el titular de la Diputación con el objetivo de explicar personalmente el estado de estas problemáticas sobre las que ya había informado por escrito al consejero. Sin embargo, “el espíritu de cooperación, colaboración y lealtad institucional por parte de la Junta no es el adecuado”, motivo por el que el presidente ha anunciado acciones legales para “defender los derechos de los vecinos y vecinas de la provincia”.
En la reunión, Ruiz Boix ha recordado a Nieto la situación en la que se encuentra el edificio de la Audiencia Provincial, en la actualidad propiedad de la Diputación en virtud de un contrato de permuta entre ambas administraciones relacionado con el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia en Cádiz. Según ese acuerdo firmado en 2008, la Diputación transmitía a la Junta de Andalucía unos terrenos situados entre las calles Brunete, Tolosa Latour y Granja San Indefonso. El solar, con una superficie de 8.388 metros cuadrados y valorado en 3.047.149,62 euros, debía acoger la futura sede de los juzgados gaditanos según tenía proyectado en aquel momento la administración autonómica. A cambio, la Diputación recibía el inmueble en el que se ubica la Audiencia Provincial, propiedad en aquel entonces de la Junta, con la idea de que, en un plazo de cuatro años, una vez construida la Ciudad de la Justicia y trasladada la Audiencia Provincial a su nuevo emplazamiento, la Diputación pudiera hacer pleno uso de ese inmueble.
Diez años después, Ruiz Boix considera que el proyecto en la calle Brunete ha sido desestimado. Las declaraciones del consejero apuntan a que cuando se construya el complejo judicial lo hará en los antiguos depósitos de Tabacalera y, en consecuencia, “el espíritu del convenio ha decaído totalmente. Ahora la Junta tiene una ocupación ilegal del edificio de Las Calesas y mantiene la propiedad del solar de Brunete; tiene por tanto los dos bienes en sus manos y en la Diputación de Cádiz, en deterioro de los intereses de nuestro patrimonio, no contamos con ninguno de los bienes que eran objeto de la permuta: ni el que entregamos, ni el que teóricamente teníamos que recibir”.
Es por esto por lo que Ruiz Boix ha vuelto a reclamar el abono del arrendamiento del edificio de la Audiencia Provincial. Más de 3 millones de euros, esto es, la suma de los 313.735’32 euros anuales (26.144,61 euros al mes) que la Diputación estima que no ha percibido por el alquiler del edificio en los 10 últimos años. También ha ofrecido la anulación de la permuta y que cada entidad recupere el bien ojbeto del contrato, además de los diez años de alquiler.
No obstante, Nieto ha mantenido una “lectura creo que errónea, que no se corresponde con la realidad”, asegura el presidente de la Diputación. El objetivo de la permuta no era favorecer a una administración por encima de otra, como ocurre hoy día, incide. “El consejero lo que quiere es mantener esta irregularidad, este aprovechamiento por el que únicamente hay un beneficiario que es la Junta y un claro perjudicado que es la Diputación de Cádiz”.
Ruiz Boix sostiene que su intención es utilizar esa cantidad para poner en marcha el año próximo un plan de empleo con el que ofrecer una primera oportunidad laboral a la juventud de la provincia.
En cuanto al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ante el encarecimiento de los materiales, Ruiz Boiz ha reiterado su reclamación a la Junta de asumir su parte del incremento de costes de las obras en la provincia, cifrado en 1’3 millones de euros. El presidente considera que de esa cantidad, el 75 por ciento (un millón de euros) debería ser financiado por la administración autonómica y el resto, 300.000 euros, por la Diputación, atendiendo al reparto original de participación de cada una de las administraciones involucradas: Gobierno de España -que aporta 19’4 millones de euros-, Junta de Andalucía -6’5 millones- y Diputación -2’2 millones de euros-. La respuesta del consejero, según Ruiz Boix, es “encogerse de hombros y decir que no se ejecute la obra en su totalidad, o que se ejecute durante el tiempo que permita el material entregado”.
Es por esta “falta de cooperación para dar respuesta a los vecinos y vecinas de la provincia” por lo que Ruiz Boix avanza que la Diputación denunciará ante la justicia el incumplimiento del contrato respecto a la Audiencia Provincial. Respecto al PFEA, “comenzaremos a requerir la financiación, primero ante la Junta, dando a conocer la problemática ante el Gobierno de España”, mientras que los servicios jurídicos de la Diputación también abogarán por los intereses de la administración provincial “para que ese millón de euros que estamos asumiendo y que no nos corresponde se defienda donde corresponde, que seguramente será en los tribunales de justicia”.