La gestión de los planes de intervención en zonas desfavorecidas ha contado con una inversión superior a los 26 millones y permitido, según Alfonso Candón, que “6 de cada 10 personas” con las que se ha actuado tengan nuevas y mejores perspectivas de empleo
El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, Alfonso Candón, ha clausurado este miércoles la segunda convocatoria del programa de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inserción Social (ERACIS) desarrollada en el periodo 2021-2022, que ha contado con una inversión superior a los 26 millones en el diseño y desarrollo de planes de intervención en zonas desfavorecidas de la provincia y ha supuesto la contratación de 192 profesionales de refuerzo.
Candón ha resaltado el extraordinario resultado de la ERACIS, una herramienta “al servicio de las personas más vulnerables, para luchar contra la pobreza y la exclusión”, hasta el punto de que “seis de cada diez personas con las que se ha actuado puedan tener oportunidades de empleo o estén en proceso de tenerlo”.
El delegado de Inclusión Social ha destacado el complemento que ha supuesto “el apoyo específico a los jóvenes, tanto para que se formen como para que no caigan en el absentismo o en el fracaso escolar; a las mujeres entre 30 y 50 años y en general a personas mayores de 45 años, que con la pandemia necesitaban un refuerzo especial para encontrar nuevos horizontes profesionales”.
La ERACIS se compone de tres líneas, cada una con una dotación, objetivos y mecanismos diferenciados para completas distintas fases de atención. Así, la primera ha contemplado el diseño y elaboración de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que en la provincia de Cádiz han supuesto una inversión superior a los 26 millones de euros. Las localidades que cuentan con estos planes han sido 11: Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Sanlúcar, San Roque y San Fernando.
La segunda línea ha contemplado el diseño, implantación, desarrollo de estos planes en los once municipios mencionados, lo cual ha ido acompañado de la contratación de 192 profesionales. La tercera línea, dedicada a la financiación de las entidades privadas y sin ánimo de lucro interesadas en colaborar en la ERACIS, se ha repartido en un 70% para gastos de personal y el resto para gastos corrientes, contando con unos 5,2 millones de euros en el total de las dos convocatorias realizadas hasta ahora, casi 3 de ellos en la segunda que finaliza este 31 de diciembre.
El delegado de Inclusión Social ha ofrecido y subrayados estas cifras, gracias a los cuales se han podido financiar las líneas 2 y 3, que han permitido “ejecutar mecanismos de compensación para que los residencias en estas zonas desfavorecidas puedan acceder a los distintos sistemas de protección social”, como educación, empleo, vivienda o salud, entre otros servicios públicos.
Candón ha concluido que el programa “ha contribuido a que muchos vecinos y vecinas tengan una oportunidad en diferentes ámbitos y mejores expectativas de futuro”, siendo este punto “en el que reside verdaderamente el espíritu de la función pública”. Así, ha destacado la “relevante participación desde la ciudadanía y desde el tercer sector, de las empresas y de las administraciones públicas, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados”. “La grandeza del proyecto es la magnífica coordinación entre todos los actores de este proyecto, que ha mejorado las posibilidades de miles de personas para acceder a un empleo”, apuntó.
El programa ERACIS está enmarcado en el Fondo Social Europeo, principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para la ciudadanía de la Unión Europea.
En los proyectos de la provincia de Cádiz se han desarrollado itinerarios integrados de inserción, con los que se mejora la inserción socio-laboral de las personas de las zonas que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, mediante la activación de la participación ciudadana en la resolución de sus problemas.