La Junta de Andalucía ha publicado este martes una disposición por la que regula el acceso con embarcaciones al monumento natural de la Punta del Boquerón y a la Isla de Sancti Petri, en el término municipal de San Fernando, en el Parque Natural Bahía de Cádiz, tal como ya se ha hecho en campañas realizadas en 2021 y 2022, y que tiene como objetivo proteger estos espacios naturales.
La resolución del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), recogida por Europa Press, se hará efectiva entre el 10 de junio y el 24 de septiembre de 2023, restringiéndose el acceso «a todas las embarcaciones que carezcan de autorización, salvo causas de fuerza mayor».
Sobre la Punta del Boquerón, ha señalado que integra el extremo de la flecha arenosa y el conjunto de islote y arrecifes rocosos paralelos a la misma, sobre el que se asienta el Castillo de Sancti Petri, catalogado Bien de Interés Cultural, y que constituyen «un espacio natural de elevado valor ecológico, geológico y paisajístico».
Así, la Delegación Territorial de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz ha constatado un aumento de embarcaciones a estas zonas a través del caño Sancti Petri, donde el flujo de embarcaciones motorizadas «supera la capacidad de acogida del mismo y supone una amenazada para la preservación de los valores naturales excepcionales que alberga el parque natural, además de un riesgo para la seguridad y el bienestar de los usuarios de estas zonas».
Además, «especialmente en la época estival» se produce «una gran diversidad de incidencias» en las zonas próximas al Puerto Sancti Petri, «muchas de ellas derivadas de los usos y actividades que usan las instalaciones portuarias como base», y hay «una afluencia masiva de personas» que atraviesan desde el Puerto de Sancti Petri a ambos enclaves «por medio de embarcaciones de recreo».
Esto, ha advertido la Delegación Territorial en la resolución del BOJA, conlleva «serios problemas» en el Parque Natural, como «acampadas ilegales, fogatas, fiestas y residuos». A esto se suma un aumento de actividades acuáticas como kayaks, paddel-surf, piraguas y similares embarcaciones sin motor que «no están sujetos a una regulación específica en áreas del litoral».
Estas acciones, ha señalado, «pueden llegar a producir aglomeraciones en áreas especialmente sensibles como son los cordones dunares, en los cuales se genera un impacto negativo sobre la propia dinámica dunar, contribuyendo con el pisoteo a la fragmentación del cordón, a la desestructuración de la duna y a facilitar las roturas durante los temporales y mareas más altas».
Según el BOJA, la Consejería de Medio Ambiente «puede limitar, condicionar o someter a autorización, de forma cautelar e inmediata, por un tiempo determinado o de manera permanente, el desarrollo de cualquier tipo de actividad en un determinado lugar, cuando existan razones justificadas».
Por todo ello, y atendiendo a las normativas autonómicas, la Delegación Territorial de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul ha publicado la orden por la que se restringe el acceso de embarcaciones a estas zonas protegidas y «minimizar los riesgos ambientales e interferencias con otras actividades de uso público».