El Ejecutivo ha ampliado, además, el número de empresas beneficiarias del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos y ha anunciado que las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea serán los ciudadanos, la competitividad y Ucrania.
Miquel Iceta ha recordado que el Gobierno encargó el 16 de mayo a su departamento definir un programa de acceso al cine, que ya se ha elaborado en colaboración con las principales asociaciones de los sectores de la exhibición y de la distribución cinematográfica.
El programa contará con un presupuesto de 10 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado 2023 y permitirá que los mayores de 65 años puedan ver una película por dos euros un día a la semana hasta final de año.
Iceta ha incidido en que la iniciativa tiene como objetivo impulsar al sector cultural -en especial a las salas de cine-, que es el que más está tardando en recuperarse de los efectos de la pandemia, y beneficiará a más de nueve millones y medio de espectadores. «Si el 49% de los jóvenes de entre 20 a 24 años ha acudido al menos una vez al año al cine entre 2021 y 2022, ese porcentaje cae hasta el 6% en el caso de la población de más edad», ha argumentado.
El ministro ha avanzado que, desde la entrada en vigor de la medida, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las salas interesadas en participar tendrán siete días hábiles para presentar su solicitud, de manera que «en julio, el público senior y las propias salas podrán beneficiarse».
«Queremos que abran más salas de cine, en lugar de asistir impasibles a su cierre. Queremos animar a los españoles a que vayan al cine y de ahí esta iniciativa de cine senior», ha añadido el ministro.
La medida está alineada con los objetivos del componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que persigue facilitar el acceso a la cultura y fomentar el tránsito hacia el nuevo entorno digital, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que reconocen la salvaguardia y la promoción de la cultura como fines.
Promoción de largometrajes sobre proyecto
El titular de Cultura ha destacado que el cine español vive un gran momento en gran medida por el empuje de las mujeres cineastas, que han colocado a España en el foco internacional.
En relación con este sector, Miquel Iceta también ha anunciado que el Gobierno ha autorizado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales a convocar las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2023, por un importe estimado de 62 millones de euros, un 10,71% más que el año pasado.
El objetivo específico de esta línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, que se convoca mediante convocatoria abierta, es mejorar el tejido industrial de las industrias cinematográficas, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.
Además, Iceta ha resaltado que las ayudas, que están en línea con dos de los ejes del plan de recuperación: la digitalización y la reducción de la brecha de género destinan un mínimo del 35% para los proyectos realizados exclusivamente por directoras y un mínimo del 10% a proyectos de animación.
Solicitud del Bono Cultural Joven
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior, el ministro ha recordado que los jóvenes que cumplen 18 años a lo largo de 2023 pueden solicitar desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre el nuevo bono cultural a través de la web habilitada para ello.
Iceta ha explicado que la segunda edición de la convocatoria ha incorporado nuevos métodos de identificación para facilitar el proceso de solicitud. Los jóvenes, ha detallado, «tendrán a su disposición 400 euros para disfrutar de la cultura durante un año y descubrir nuevas experiencias, como acudir por primera vez a la ópera o al ballet, a un concierto, a un festival, a ver una obra de teatro, un videojuego, el mejor cine, los mejores podcasts o para leer ese libro que deseaban, ese cómic, o también suscribirse a una revista o un periódico».
Presidencia española del Consejo de la UE
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presentado al Consejo de Ministros el informe de preparación de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comienza el 1 de julio. Albares ha señalado la importancia del hecho «para cualquier estado miembro de la Unión Europea: la anterior tuvo lugar hace trece años y pasarán, por lo menos, otros tantos hasta que España vuelva a ostentar la Presidencia del Consejo».
El ministro ha subrayado que el comité organizador, que integra a todos los ministerios, lleva trabajando desde febrero de 2022 y que el Gobierno ha diseñado la Presidencia «como un auténtico proyecto de país» al que ha sumado a todas las comunidades autónomas. El Ejecutivo ha contado igualmente con las contribuciones de las fuerzas parlamentarias y de los europarlamentarios españoles que han querido colaborar. Un foro de la sociedad civil y un grupo de expertos aportarán también ideas y opiniones.
Hitos relevantes y prioridades
José Manuel Albares ha señalado tres fechas relevantes del arranque de la Presidencia española: el 15 de junio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detallará las prioridades y diversos aspectos prácticos; el 3 de julio el Colegio de Comisarios acudirá a Madrid, y el 4 de julio se llevará a cabo en Bruselas la inauguración formal.
Entre los grandes asuntos que centrarán el semestre español, el titular de Exteriores se ha referido en primer lugar a Ucrania: «Que la paz regrese a Ucrania lo antes posible, hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de esta agresión ilegal y brutal de Rusia a Ucrania, y todo lo que toque a las negociaciones para la entrada de Ucrania y el resto de los países que están incluidos dentro de la ampliación de la Unión Europea».
Un segundo pilar de la Presidencia española será todo lo relativo a los ciudadanos y las empresas. Entre los expedientes legislativos prioritarios, Albares ha citado la seguridad energética y la transición verde, la reforma del mercado eléctrico, la competitividad, las reglas de gobernanza económica y los fondos ‘Next Generation’, ligados a la «aplicación de unas políticas económicas europeas concretas».
El ministro ha resaltado que también la «Europa social va a estar muy presente», lo que se concretará en iniciativas como la tarjeta europea de dependencia, la salud mental o el Pacto de Migración y Asilo.
Acercar a América Latina y mantener unida a Europa
José Manuel Albares ha incluido entre los «momentos muy simbólicos» de la Presidencia la Cumbre UE-América Latina, donde «haremos un esfuerzo para que América Latina esté y se quede para siempre en el corazón y en el centro de las políticas europeas».
Otras citas importantes serán el Consejo Europeo de Granada del 6 de octubre -que irá precedido de una reunión de la Comunidad Política Europea- y los 22 consejos europeos temáticos «que, como se consensuó con todas las comunidades autónomas, van a recorrer todo el territorio español para que la Presidencia sea lo que quiere el Gobierno, un proyecto de país, para que España esté más cerca de Europa y para que los españoles conozcan todavía mejor a Europa». Además, se celebrarán numerosos eventos de alto nivel, como las cumbres Unión Europea-Balcanes Occidentales y la de la Unión por el Mediterráneo.
«La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea va a demostrar y va a mostrar el liderazgo español», ha dicho Albares, que ha defendido que ese liderazgo servirá para «mantener a Europa unida» y hacerla avanzar en el que es «probablemente el momento más complejo y más convulso para el continente desde la caída del muro de Berlín».
Más empresas beneficiarias del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos
El Gobierno ha modificado el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para ampliar el número de empresas que se pueden beneficiar de esa denominación: pasará de las 612 actuales a 1.180. El Estatuto protege a aquellas empresas industriales más afectadas por el coste del suministro eléctrico.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha detallado que la modificación amplía el catálogo de las ramas económicas que pueden acogerse a esa figura, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas y de sectores manufactureros.
Mayor estabilidad de la tarifa regulada de la electricidad
El Ejecutivo ha modificado también la metodología de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos unos nueve millones de consumidores.
Isabel Rodríguez ha asegurado que con el nuevo método las facturas serán más estables, al estar menos expuestas a periodos de volatilidad «como los que hemos atravesado en los últimos meses». La fórmula comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2024 para que las comercializadoras tengan tiempo de adaptarse, y los consumidores no tendrán que realizar ninguna gestión.