Alerta de que los ayuntamientos que gestionan desde lo público este servicio dependen de los ingresos que les llega a través de este convenio para pagar a trabajadoras y trabajadores de esta tarea fundamental
La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz denuncia la situación que están atravesando los Ayuntamientos de la provincia que gestionan desde lo público el servicio de Ayuda a Domicilio y la Ley de la Dependencia y que dependen, todos ellos, de la firma del convenio anual con la Diputación de Cádiz. Explica la formación política que este convenio es el que les permite recibir los ingresos correspondientes por el servicio y generar el crédito necesario para pagar las nóminas de las trabajadoras y trabajadores de este servicio fundamental.
“A las alturas del año en la que estamos -mediados de junio-, no sólo no se han firmado los convenios, sino que tampoco se nos da ninguna fecha certera de cuándo ocurrirá”, explica Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle, uno de los ayuntamientos afectados y responsable de Política Institucional de IU Cádiz. “Sólo largas y evasivas”, insiste.
“Esta situación afecta a todos los ayuntamientos que mantienen público el servicio y no únicamente a los tres de Izquierda Unida (Trebujena, Puerto Serrano y Alcalá del Valle)”, recalca el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, que apunta que esta situación “está suponiendo un problema presupuestario muy grave que puede tener una repercusión inmediata en el pago de nóminas”. Así, apunta que los Ayuntamientos de Villamartín (Andalucía Por Sí) y San José del Valle (PSOE), tampoco han firmado aún los convenios, “con lo que queda claro que no se debe a ninguna cuestión particular de los ayuntamientos, sino de una falta de agilidad o de voluntad de la Diputación de Cádiz que puede salirle muy cara a las trabajadoras y usuarios”, indica el dirigente provincial.
“Desde algunos de nuestros ayuntamientos se lleva advirtiendo de la gravedad de la situación desde el pasado mes de marzo, ya que el coste del servicio no ha dejado de incrementarse con nuevas resoluciones y la ampliación de las plantillas. El resultado es que los Ayuntamientos tienen que ir adelantando el coste íntegro del servicio, que cada vez es mayor, mientras que ni siquiera se da una fecha aproximada de la firma del convenio que permita generar el crédito”, explica Rodríguez.
Izquierda Unida deja claro que los cinco ayuntamientos que atraviesan esta situación (de distintos colores políticos), lo hacen “por su empeño en mantener como público un servicio que la inmensa mayoría de pueblos y ciudades ha terminado privatizando”.