La Comisión Europea ha publicado esta semana el cuadro de indicadores de la Justicia en la Unión Europea: un análisis de eficiencia de los sistemas judiciales que apuntan a la mejora de algunos países, así como de la eficacia de los sistemas judiciales dentro de la Unión.
La Comisión hace una valoración importante sobre normas de calidad, sobre la Justicia para los ciudadanos más pobres o cómo se percibe la independencia judicial.
España no sale mal parada. El informe de la Comisión destaca que los resultados respecto a la accesibilidad del sistema judicial han mejorado. En este apartado se encuentra precisamente la situación relacionada con las comunicaciones electrónicas.
El sistema LexNET va poco a poco mejorando y es una buena herramienta para la configuración de la Justicia. El sistema permite la transmisión telemática de citaciones, el envío electrónico de demandas, comunicación de sentencias y un sinfín de mejoras en la gestión de los tribunales.
La Comisión valora cómo, progresivamente los tiempos de respuesta judicial se están reduciendo, con algunas jurisdicciones mejor paradas que otras.
Considero también digno de destacar la elevada presencia de mujeres en los Tribunales de Primera Instancia, con un porcentaje que supera el 60% de la presencia femenina, aun cuando se reduce a un 34% en los Tribunales de Segunda Instancia o superiores, y un 10% en el Tribunal Supremo.
Estos porcentajes se irán incrementando paulatinamente a medida que el elevado número de juezas y magistradas que se encuentran en la actualidad en niveles medios vayan ascendiendo en el escalafón judicial.
Hay que destacar que el criterio de los españoles en cuanto a la independencia judicial –según el informe de la Comisión- se percibe como “mala o muy mala”, aunque, afortunadamente, aumenta el porcentaje de quienes consideran que la Justicia va siendo mejor y razonablemente es buena.
Los operadores jurídicos notamos una mejora en los plazos de las resoluciones judiciales, aun cuando existen jurisdicciones lentas. El Ministerio de Justicia está poniendo medios para agilizarlas y acelerarlas, pero sigo manteniendo que la Jurisdicción Social no es más rápida en la primera instancia: todavía existen magistrados con una falta de especialización notable, que bloquean permanentemente los Tribunales Superiores.
En resumen, es deseable una mayor especialización en el ámbito de la Jurisdicción Social. Y es importante que el porcentaje que se percibe negativamente sobre la independencia judicial mejore mediante una mayor capacitación y especialización de los jueces.
Es hora de llegar a un “Pacto por la Justicia”, en el que tengan voz y voto los miembros del Consejo General del Poder Judicial, las Consejerías de las Comunidades Autónomas, Fiscales, Letrados de la Administracion de Justicia, Colegios Profesionales de Abogados, Graduados Sociales y Procuradores, funcionarios, y el Ministerio de Justicia. Y que sea éste último quien envuelva y tutele todas las acciones.
Es un reto que desde aquí lanzo. Valorar o criticar sin dar soluciones no es lo más ético para quienes trabajamos a diario por una Justicia mejor. Los graduados sociales, como profesionales del Derecho, preferimos aportar en vez de restar, con nuestra experiencia y nuestro trabajo por una justicia mejor.
José Blas Fernández Sánchez
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales