La Diputación Provincial de Cádiz ha celebrado su pleno ordinario del mes de octubre en una sesión en la que se ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos para hacer «un frente común» en contra de la instalación del parque eólico marino que la empresa Ferrovial ha propuesto a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico frente a las costas gaditanas, concretamente en el litoral de Conil, Vejer y Barbate.
En la moción, que se ha aprobado por unanimidad, se argumenta la defensa de las energías renovables y limpias en un momento «de transición ecológica y con los efectos del cambio climático mostrándose con evidencia» pero que «no estamos de acuerdo con los cheques en blanco, ni con que se instalen en cualquier lugar y perjudiquen a otras actividades económicas y al medioambiente marino», según ha recogido en una nota la Institución Provincial.
La pesca artesanal, el aprovechamiento turístico y el transporte marítimo son algunos de los sectores que se podrían ver perjudicados por este proyecto, por eso la Diputación va a trasladar al Ministerio de Transición Ecológica «su rechazo frontal», al tiempo que se va a instar a los ayuntamientos implicados a que apoyen esta propuesta en sus respectivos plenos municipales.
También se va a informar a la ciudadanía y los distintos colectivos de este proyecto y se va a activar la Plataforma contra la instalación de parques eólicos frente al mar de Trafalgar.
En este pleno, el Partido Popular ha defendido una propuesta –aprobada con los votos del PP y de La Línea 100×100– en la que se acordó «rechazar» desde la Diputación «cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito» al considerar que la ley es «la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución».
En la misma también se reconoce que España es «una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones donde no cabe proyecto alguno que trate de romper la igualdad o dotar de privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España».
Ha sido el portavoz del PP, Juancho Ortiz, quien ha contextualizado el planteamiento de este debate en el «desafío histórico» que supone para España «la posibilidad de supeditar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a un acuerdo con partidos independentistas que incluyan como condición la amnistía para los encausados por el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña».
En esa línea, ha defendido «la necesidad» de proponer «un gran acuerdo nacional entre los partidos demócratas que afronte los principales desafíos» que se presentan y que son, como ha enumerado, «la regeneración institucional, el Estado de Bienestar, los fundamentos de nuestra economía, un pacto por las familias, un pacto por el agua y un pacto territorial, además de un modelo de financiación que garantice los principios de igualdad y solidaridad para comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos».
Además, el portavoz Juancho Ortiz ha defendido otra propuesta, aprobada por unanimidad, por la que se ha acordado la concesión de una subvención directa de 3,2 millones de euros para la asociación pro-personas con necesidades socioeducativas especiales o dependientes Asansull. Su fin es colaborar con los gastos derivados de la ejecución del Proyecto de Adecuación Integral para el cumplimiento de los requisitos técnicos en el Centro de Atención Integral al Mayor Gómez Ulla para personas mayores, ubicado en La Línea de la Concepción, en los años 2023 y 2024.
Por otra parte, en materia sanitaria el diputado Ramón Galán, como portavoz del grupo de Izquierda Unida, ha expuesto la situación de la atención pediátrica en el Centro de Salud de Ubrique, que ha calificado como «insostenible», ya que no hay especialistas en la localidad, a pesar de pertenecerle dos pediatras.
En la actualidad, ha explicado, da servicio «un único pediatra, con un contrato al 33%, que pasa consulta dos tardes por semana de forma presencial y una más de forma telefónica», algo «totalmente insuficiente» para atender la demanda existente.
Ante esta situación, se ha solicitado el apoyo para instar a la Consejería de Salud a cubrir «al 100%» las dos consultas de pediatría de Ubrique. La moción se ha aprobado con los votos a favor de IU y PSOE y la abstención de La Línea 100×100 y del PP, que ha asegurado que la situación «ya está en vías de solución».
También ha conseguido el grupo de IU el apoyo unánime de la Corporación para que la Diputación declare a la provincia de Cádiz como «provincia antibullying» y lleve a cabo acciones y medidas necesarias dentro de sus competencias para que los pueblos y ciudades gaditanas «vayan evolucionando y se declaren rotundamente como territorios contra el acoso escolar».
Por último, el Grupo Socialista ha puesto sobre la mesa la preocupación sobre la presencia en las costas gaditanas del alga invasora Rugulopterix Okamurae, provocando efectos «muy perjudiciales» en el sector pesquero y en el turismo.
En este contexto, en la propuesta socialista, aprobada por unanimidad, se ha pedido a la Diputación que convoque, impulse y reactive la mesa de alcaldes para la erradicación y aprovechamiento del alga invasora, creada en el marco del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, incorporando a la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, Universidad de Cádiz y a los sectores económicos afectados, así como otros agentes o personas expertas que, por su vinculación con este tema, se considere oportuno.
La intención es que en el seno de esta Mesa se impulse un Plan de Acción que contemple medidas como indemnizaciones al sector pesquero por los graves daños causados tanto en las artes de pesca como en la reducción de sus capturas; un plan específico para la retirada de los alijos de algas en aguas interiores, así como la limpieza y tratamiento de arribazones; protocolos de actuación y manipulación del alga, que contribuyan al control de la especie; llevar a cabo investigaciones para descifrar formas eficientes de erradicación del alga; apostar por investigaciones que desarrollen nuevos productos innovadores con el alga invasora y la autorización de permisos para la reutilización y transformación en otros productos factibles.
En la misma propuesta se incluye la iniciativa de instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a posibilitar la concesión de cuota extraordinaria de atún rojo del Estrecho a las embarcaciones afectadas, con el fin de diversificar el modelo de pesca y que dichas embarcaciones puedan continuar faenando.