Mercedes Colombo ha explicado los detalles del acuerdo de la administración para recomprarlos a la empresa Inversiones Holmes, propiedad del fondo WP Carey, que pone fin a las consecuencias nefastas de un contrato que firmó María Jesús Montero
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha anunciado que la administración andaluza ahorrará casi 35,2 millones de euros (35.172.215,80€) a las arcas públicas al recuperar 8 inmuebles vendidos en el año 2014 en Cádiz. Así lo ha trasladado en rueda de prensa este miércoles, en compañía de la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero, donde ha recordado que el ahorro por el alquiler de estas sedes permitirá disponer de más recursos en ámbitos como lo Social, la Educación o la Salud.
Este acuerdo supone la recompra por 328 millones de euros de 70 inmuebles en toda Andalucía que pertenecían al Gobierno andaluz y que supondrán un ahorro de más de 100 millones globales a las arcas autonómicas. En este punto, Mercedes Colombo ha recordado que en 2014 el Gobierno de la Junta de Andalucía, con María Jesús Montero como consejera de Economía y Hacienda, “alcanzó un acuerdo para conseguir liquidez para la Junta, una alianza en virtud de la cual vendía 70 inmuebles a un fondo de inversión, edificios que, en su inmensa mayoría eran y son sedes territoriales del Gobierno andaluz en las distintas provincias, y en las que trabajan en torno a 8.600 funcionarios y empleados de la Junta de Andalucía”. “El dinero de la venta de los edificios se ingresó, se gastó y lo que quedó fue una hipoteca de por vida para la Junta de Andalucía que ahora arregla al Gobierno de Juanma Moreno”, añade Colombo.
Así, la delegada del Gobierno ha explicado que en este acuerdo de venta del año 2014, la Junta también asumía la obligación de alquilar esos mismos inmuebles a un precio determinado durante un plazo de 20 años, hasta 2034, con una cláusula de un incremento de 1,5% anual. “Para que se hagan una idea”, ha expuesto la delegada, “la Junta de Andalucía paga algo más de 837.000 euros anuales por el alquiler de este edificio en el que nos encontramos, la sede de la Delegación del Gobierno en la capital, también por la sede de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, más de 260.000 euros, casi 500.000 euros por el edificio de la delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, o los algo más de 400.000 euros por el inmueble situado en Jerez de la Frontera de la Agencia Tributaria y el consejo Andaluz de Relaciones Laborales”.
El cómputo global del alquiler de los 8 edificios en la provincia de Cádiz (seis en la capital, uno en Jerez de la Frontera y otro en Algeciras) suma 2,9 millones de euros al año. Cantidad que se elevaría, como ha explicado Mercedes Colombo, a los algo más de 3,4 millones de euros al año al llegar 2034 por el incremento del 1,5% anual. “Los cálculos nos muestran que este acuerdo va a suponer para la provincia de Cádiz un ahorro global de 35,1 millones de euros (35.172.215,80€) que hubiéramos tenido que seguir pagando hasta 2034 en el caso de no haber llevado a cabo esta recompra”, ha resaltado.
La delegada del Gobierno ha resaltado que este acuerdo “pone fin a las consecuencias nefastas para Andalucía y, en el caso nuestro, para la provincia de Cádiz de un contrato ruinoso que firmó María Jesús Montero en 2014, y al que ahora damos solución”. Mercedes Colombo ha resaltado que, ahora, “gracias a la buena gestión de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Juanma Moreno, supondrá dejar de pagar los alquileres de edificios que fueron de la administración autonómica y que se malvendieron por una mala decisión del Gobierno socialista, causando un perjuicio a todos los andaluces y andaluzas”.
En la capital gaditana son 6 los edificios incluidos en este acuerdo, vendidos en el año 2014: los de la Delegación del Gobierno en Cádiz, en Plaza de España 19, el edificio de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación, en calle Isabel la Católica, 8, en esa misma vía, número 13, el inmueble de la sede del Instituto Andaluz de la Mujer; el edificio de Cánovas del Castillo, 35, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, o los de la Plaza de la Constitución 3 y Plaza Mina 18, de la Agencia AGAPA y Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP, respectivamente. Por su parte, el de Algeciras con sede en Regino Martínez del edificio de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, mientras que el inmueble de Jerez, en Alameda Cristina, Marqués de Casa Domecq, de la Agencia Tributaria, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Por su parte, la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero, ha subrayado que “este tema es un acuerdo de Consejo de Gobierno, ya que se trata de una encomienda del Presidente de la Junta de Andalucía, que se está llevando a cabo desde la Dirección General de Patrimonio y creo que esta ha sido una de las operaciones más importantes para sanear el dinero de todos los andaluces, ya que no era de recibo que los propios inmuebles que eran propiedad de la Junta de Andalucía se vendieran para pagar luego un alquiler a precio de oro”.
Olivero ha añadido que “desde el Gobierno andaluz se ha solucionado este mal acuerdo para los andaluces. Y esta medida va a suponer una medida de ahorro, no de gasto”. Además la delegada territorial ha dicho que “desde la Dirección General de Patrimonio se está trabajando por esta encomienda, con el objetivo de poner en valor todos aquellos edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía para evitar que se queden vacíos, cerrados u ocupados, con el fin de que sirvan para la atención a los andaluces”.
Inmaculada Olivero ha dicho para terminar que “este es un primer paso, y se está haciendo un trabajo importante desde la delegación territorial de Economía y por supuesto desde la delegación del Gobierno, para llevar a cabo un Plan de Sede para los funcionarios que trabajan en la provincia de Cádiz. Para disponer de un lugar operativo, adaptado a los nuevos tiempos, donde puedan trabajar los funcionarios y puedan ser atendidos todos los usuarios”.