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Vie. Nov 22nd, 2024

CGT denuncia fallos en la resolución educativa CIMA y alerta sobre amenazas a la Educación Pública

Sindicalistas de CGT en una manifestación de educación
Sindicalistas de CGT en una manifestación de educación

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha levantado la voz contra la resolución emitida el 3 de noviembre por la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, que aborda los programas para la innovación educativa bajo el nuevo nombre de Programa CIMA. La organización sindical ha expresado su descontento, resaltando problemas relacionados con el retraso en la publicación, la falta de planificación, y la anulación del trabajo realizado por los centros a lo largo de los años a través de programas como Forma Joven, ALDEA, Patrimonio, PLC, entre otros.

Entre las principales críticas presentadas por la CGT, destaca la falta de planificación evidente en la resolución. El documento se hizo público el 3 de noviembre, cuando el curso ya está en marcha, los horarios del profesorado organizados, y los responsables designados. Además, la resolución puede presentarse hasta el 27 de noviembre, y los centros no conocerán la posibilidad de desarrollar los programas hasta el 15 de diciembre, fecha de la publicación de las listas definitivas. Este plazo ajustado choca con la necesidad de incluir el programa en el Plan de Centro, que debe aprobarse antes del 15 de noviembre, creando una situación prácticamente imposible de gestionar para los centros educativos.

Otro punto de controversia es la falta de especificación en las horas de coordinación general del programa y para las personas responsables de cada ámbito de conocimiento. La CGT plantea preguntas cruciales sobre la asignación de horas de reducción para las personas coordinadoras del PLC y la coordinación de CIMA con la dirección del centro y los responsables de diferentes ámbitos de conocimiento. Además, se cuestiona la asistencia de profesionales vinculados a programas anteriores si un centro opta por no acogerse al CIMA.

La sobrecarga de trabajo para los responsables del programa y los equipos directivos también es señalada, argumentando que la excesiva burocracia ha transferido decisiones clave que antes recaían en los claustros y los consejos escolares.

Otro aspecto subrayado es la escasa concreción en la formación exigida a los participantes en el programa. Aunque se establece la necesidad de al menos 30 horas de formación para el profesorado coordinador y 20 horas para el profesorado participante, no se aclara el tipo de formación requerida. Esto crea incertidumbre en los centros que ya tienen itinerarios formativos establecidos para el presente curso, sin saber si serán válidos para certificar los programas.

La CGT critica también la falta de consulta a los profesionales y responsables de los planes y proyectos mencionados, que llevan años trabajando sin recibir horas de dedicación para ello. La organización sindical se pregunta sobre las intenciones de la administración, sugiriendo que todo apunta a la eliminación de planes y proyectos que han sido fundamentales en los Proyectos Educativos de los centros educativos.

Ante estas problemáticas, muchos equipos directivos y claustros de profesorado han expresado su malestar. La decisión de aprobar la implantación del programa CIMA en sus centros sin horas para el diseño del plan de actuación, sin asignación de tiempo para quienes deben coordinar el programa y realizar un seguimiento y evaluación final, se presenta como un dilema. Cambiar los horarios del profesorado con el curso en marcha o negarse a participar en el programa son otras opciones consideradas.

La CGT advierte que, si la administración no rectifica y no proporciona aclaraciones y recursos necesarios para implementar este programa, los claustros y equipos directivos podrían rechazar su implantación. En última instancia, la pérdida recae en la Educación Pública y el alumnado, afectando áreas como la educación ambiental, la promoción de hábitos de vida saludable, la innovación y la competencia digital.

En conclusión, la incertidumbre generada por esta resolución pone en riesgo la continuidad de líneas de trabajo cruciales para el desarrollo educativo, dejando a la Educación Pública y al alumnado como las principales víctimas de esta situación.

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