La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha señalado este viernes que el profesor de un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz) detenido este jueves por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de abusos sexuales a dos alumnas de 8 y 9 años de edad a las que daba clase, «no tenía nada en su certificado de penales», así como que «no constaba ningún antecedente en educación».
Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Palos de la Frontera (Huelva), donde Del Pozo ha subrayado que esto «no obsta» que «haya habido algún tipo de denuncia que no haya llegado a nada firme o no haya llegado a ninguna sentencia o no tenga un final» y que, «por tanto, no figure como un antecedente penal en toda regla» porque «puede haber algún procedimiento abierto, alguna denuncia que no haya tenido todavía su fallo final y eso no se recoge», ha explicado la consejera.
«En su certificado de penales no tenía nada y no constaba ningún antecedente en educación. Nosotros recogemos los certificados penales, que son los procedimientos terminados, cuando se tienen antecedentes penales. Por tanto, eso es lo que ha podido ocurrir», ha subrayado Del Pozo.
En este sentido, ha apuntado que «todos los docentes tienen que tener absolutamente limpio su certificado de penales» y que esto es algo que «se revisa de manera constante», toda vez que ha explicado que este profesor ha sido suspendido seis meses de empleo y sueldo como medida cautelar a la espera del procedimiento judicial abierto.
La consejera ha lamentado que se trata de «un tema triste y desagradable» en el que «se ha actuado con muchísima rapidez y con muchísima eficacia, tanto por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como por parte de las autoridades educativas, en este caso, de la dirección educativa del centro» que «rápidamente puso el caso en conocimiento de la Inspección Educativa» desde donde se «inició el proceso para adoptar las primeras medidas preventivas».
Por tanto, Del Pozo ha afirmado que «se ha actuado con mucha rapidez», toda vez que ha señalado que el procedimiento judicial está «abierto» y el docente «ha quedado en libertad con cargos, con unas medidas preventivas de orden de alejamiento de 200 metros», de forma que «no se pueden acercar a los centros educativos» y la Consejería «ha activado también las medidas cautelares» que «consisten en seis meses sin empleo y sin sueldo» a la espera de «qué ocurre con el procedimiento judicial abierto».