Los responsables de la lucha contra el narcotráfico en España han defendido ante 90 expertos europeos de diferentes organismos responsables de seguridad el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar como «ejemplo de actuación en estos territorios».
La Conferencia sobre los Planes Especiales para Combatir el Narcotráfico en Zonas Intensamente Afectadas (HIENA-Highly Impacted European Narcotics Area) reúne desde este martes en Sevilla a los expertos para analizar «la problemática que se genera en núcleos europeos con alta actividad de las organizaciones del narcotráfico». La actividad ha sido organizada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, en el marco de la Presidencia Europea de la Unión Europea.
El Ministerio del Interior ha explicado que el Plan se puso en marcha en 2018. «La presión policial y judicial han conseguido un aumento significativo de las incautaciones de drogas y de los instrumentos utilizados por los narcotraficantes para desarrollar su actividad», ha resaltado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Además, en respuesta al deterioro que esta actividad produce en el entorno físico, España ha empezado a «explorar alternativas más sostenibles y eficaces» para la destrucción de las drogas, «de manera que se reduce el impacto tóxico de su eliminación sobre el medio ambiente», según ha destacado Interior en un comunicado.
La conferencia, que se extenderá hasta este jueves, viene a dar continuidad al resto de debates que se han venido impulsando en el Grupo Horizontal de Drogas de la UE (HDG por sus siglas en inglés), con el objetivo de sensibilizar a los países de la Unión sobre la especial problemática que afrontan determinadas zonas dentro del territorio de la UE.
Durante la conferencia, los 90 expertos procedentes de 17 países europeos (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia); y de organismos como CEPOL, EUROJUST, EUROPOL o FRONTEX intercambian experiencias y buenas prácticas con el objetivo de «poner a disposición de las autoridades locales soluciones globales ajustadas a la normativa comunitaria».