La alcaldesa de San Fernando ha mantenido un encuentro con una representación del personal encargado de atender al alumnado con necesidades especiales en los centros educativos públicos, en huelga indefinida desde el pasado 20 de octubre
La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la concejala de Educación, Pepa Pacheco, ha mantenido una reunión con una representación del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de los centros educativos públicos y de su comité de empresa, encargado de atender al alumnado con necesidades especiales y en huelga indefinida desde el pasado 20 de octubre para reclamar mejoras en sus condiciones laborales como, entre otras, el cumplimientro del convenio regulador en cuatro a las retribuciones percibidas, el plazo de abonos de nóminas o el Impago de los atrasos generados por la actualización de las tablas salariales.
La regidora isleña ha trasladado el apoyo institucional a este personal, “clave para garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las aulas, una educación de calidad y dar tranquilidad y seguridad a las familias de un alumnado que estos días no puede más que aportar las reclamaciones justas de quienes atienden a sus hijos e hijas”, ha explicado al respecto. En el caso de San Fernando los PTIS adscritos a los distintos centros educativos se elevan a una treintena y atienden al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en su jornada escolar. Niños y niñas con discapacidad motórica, intelectual, del lenguaje, auditiva,visual, trastorno del espectro autista (TEA) o trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Su labor incluye tareas de asistencia en el día a día en ámbitos de autonomía personal, desplazamientos, aseo, alimentación, habilidades sociales y algunos aspectos curriculares, promoviendo su integración.
Durante el encuentro -en el que también estuvieron presentes la presidenta y tesorera de la FLAMPA, Luisa Guerrero y Marina Galán, y familias afectadas por la falta de dignificación de este colectivo laboral- Cavada se ha mostrado “sensible a la insostenible situación que atraviesan estos profesionales” y ha reiterado la “necesidad y urgencia de defender unos servicios públicos básicos de calidad”.