El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado este lunes el fin de la unidad contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar OCON-Sur, que se creó de forma «temporal» en 2018 y fue disuelta por cuestiones «operativas» en 2022. Además, ha sostenido que en 2023, tras «reubicar» a sus 150 agentes entre las policías judiciales de las comandancias de la zona, hubo «mayor número de incautaciones que en años previos».
En declaraciones a la prensa tras inaugurar la nueva comisaría de Policía en Calatayud (Zaragoza), Grande-Marlaska ha señalado que fueron los «responsables operativos» los que decidieron sobre la creación y eliminación de OCON-Sur, «un organismo que tenía un carácter absolutamente temporal».
Grande-Marlaska también ha relacionado la decisión sobre OCON-Sur con «otra cuestión que está sub iudice y que tiene procedimientos judiciales abiertos», en referencia, aunque sin citarlo expresamente, a la investigación que afecta al teniente coronel David Oliva por revelación de secretos y cohecho, debido a su presunta implicación con la sustracción de información de unas diligencias de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
«Si vamos a resultados, indicar que una vez que esas unidades fueron distribuidas dentro de las distintas policías judiciales, las incautaciones de droga, operaciones contra el blanqueo, etcétera, se implementaron; es decir, en el año 2023 hubo mayor número de incautaciones que en años previos», ha continuado Grande-Marlaska.
EVALUACIÓN CONTINUADA DE PLANES
El ministro ha defendido su gestión frente al narcotráfico recordando que el mismo día del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha se presentó en Algeciras el cuarto Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, con un análisis de los resultados de años anteriores y previsiones para 2024 y 2025.
El titular de Interior ha recalcado que los planes se someten a «una evaluación continuada» y que «se implementarán de la forma necesaria para garantizar una mayor efectividad en la respuesta a la criminalidad organizada con los medios necesarios y precisos para que los agentes puedan desarrollar su trabajo con la máxima seguridad».
Grande-Marlaska ha reiterado sus condolencias a la familia y amigos de los dos guardias civiles asesinados el pasado 9 de febrero en Barbate, manifestando su «preocupación por los heridos».
«Cuando alguna investigación está en desarrollo, dejemos que siga su camino y que alcance las conclusiones de lo acontecido», ha dicho, dejando claro que «esos asesinatos no van a quedar impunes» y que los supuestos autores ya han sido detenidos, puestos a disposición judicial y se encuentran en prisión provisional.
En este sentido, ha insistido en que la autoridad judicial determinará las responsabilidades en el juicio y que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les corresponde poner a los presuntos autores a disposición judicial «y materializar la investigación con todas las cuotas de profesionalidad de la Guardia Civil, para que no haya ningún elemento distorsionador de la investigación».