“Por más que el alcalde de Algeciras intente callarnos y asustarnos con denuncias, los socialistas vamos a seguir haciendo oposición”, ha advertido la portavoz municipal y parlamentaria, que se ha negado a “retractarse” e indemnizarle “por decir la verdad” en un debate
La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha sido citada esta semana a un “acto de conciliación” en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Algeciras, ante un “aviso” de acciones judiciales por parte del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por unas manifestaciones realizadas durante un debate televisivo en la pasada campaña electoral. En dicho “acto de conciliación”, al que la también diputada autonómica ha contestado con un escrito, al encontrarse en Sevilla cumpliendo con sus obligaciones parlamentarias, se la instaba a “retractarse” y a abonar 6.000 euros en concepto de “indemización”, peticiones ambas que han sido rechazadas.
“No sabemos por qué considera el señor Landaluce que su ‘honor’ vale 6.000 euros, pero sí sabemos el por qué de este recurso a la vía judicial: intentar callar a la oposición, silenciarnos judicializando el debate político, pero pierde el tiempo. A los socialistas ni ni nos va a callar con demandas y amenazas, ni nos va a amedrentar”, ha sentenciado Arrabal, confirmando que no va a retractarse por “haber dicho la verdad en un debate”, y que está dispuesta a demostrar en sede judicial que no hubo en aquellas declaraciones injurias ni calumnias.
En el escrito remitido al referido Juzgado, el abogado de la demandada recuerda que Arrabal es diputada autonómica y que, en cumplimiento de sus obligaciones por dicho cargo de representación pública, tenía que acudir al Pleno del Parlamento de Andalucía previsto precisamente para el jueves 21 de marzo de 2024, fecha de la citación. En cualquier caso, en dicho escrito se expresa también la negativa de la dirigente socialista a “responder a las peticiones conciliatorias” ya mencionadas, y se detallan los argumentos que justifican dicha negativa.
Entre ellos, que las manifestaciones objeto de la petición (sobre un presunto caso de contratación irregular en Algesa, durante la pasada campaña electoral) se enmarcaron “en un debate de índole política”, y “plenamente amparadas por el Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión”. También que dichas manifestaciones públicas, amparadas bajo la “exceptio veritatis”, sólo reprodujeron las realizadas por un tercero, habiendo sido las mismas comunicadas a la demandada “en presencia de testigos”.
Asimismo, en el escrito se detalla que las declaraciones de Arrabal objeto de la querella versaron “sobre los procedimientos de selección y contratación de personal en la empresa pública municipal denominada Actividades de Limpieza y Gestión, S.A., (Algesa), que precisamente son objeto de expedientes investigatorios por parte de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, y por parte del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”.
“Por supuesto, ni se admite la comisión de ilícito de ningún orden, ni se va a indemnizar con cantidad alguna al conciliante, ni tampoco se retracta la conciliada de sus manifestaciones, ni tampoco procede por tanto, publicación alguna de rectificación”, concluye el escrito remitido al Juzgado, en el que se añade también que, ante el anuncio de interposición de acciones penales en su contra, Arrabal se reserva también “su derecho a interponer las acciones del mismo orden que correspondan”.
La secretaria general del PSOE de Algeciras, que ha recordado en las últimas horas que el asunto de las contrataciones irregulares en la empresa pública de limpieza es desde hace tiempo “vox populi” en la ciudad, ha considerado inaudito que el alcalde y dirigente del PP la “castigue” con el inicio de una “persecución judicial”, en vez de responder a las críticas políticas con argumentos políticos y explicar, por ejemplo, “dónde está la bolsa de empleo de Algesa”, una empresa que “está constantemente en entredicho”.
Asimismo, la portavoz y diputada autonómica ha lamentado el “doble rasero” del que, una vez más, hace gala Landaluce, y que ya ni siquiera disimula públicamente. “A Laura Ruiz la calló contratándola como personal de confianza, premiando sus amenazas, públicas y notorias, con un puesto de trabajo a dedo, y a mí, para intentar callarme, me denuncia”, ha advertido Arrabal, que ha considerado “curioso” que el recurso de Landaluce a la vía judicial coincidiera en el tiempo con la denuncia pública que el PSOE hizo de la contratación de Ruiz, y habiendo transcurrido ya 6 meses desde el debate electoral en el que se enmarcan las declaraciones objeto del anuncio de acciones penales.