Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021 y su posterior paso por las Cortes, la Ley de Memoria Democrática se ha convertido en una realidad en España, marcando un hito en el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Esta ley, que revisa y actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, tiene como objetivo fundamental fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia del país y preservar la memoria de las víctimas de aquellos períodos oscuros.
La nueva normativa, fundamentada en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, reconoce el derecho a la verdad de las víctimas, impulsando la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura. Además, establece el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante esos períodos y el derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado a las víctimas.
Entre las medidas y actuaciones contempladas en la ley, destaca el «Deber de Memoria», que establece que las administraciones públicas deben desarrollar acciones para preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y del totalitarismo, con el objetivo de evitar que tales violaciones de derechos humanos vuelvan a repetirse. Esto incluye la inclusión del conocimiento de la memoria democrática española en el sistema educativo, el fomento de la investigación en esta materia, la promoción de programas de divulgación y la creación de un Centro de la Memoria Democrática, entre otras medidas.
La Ley de Memoria Democrática reconoce el carácter injusto de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, declarando la nulidad de las condenas y sanciones dictadas por los Tribunales franquistas. También establece días oficiales de Memoria, como el 31 de octubre y el 8 de mayo, para recordar y homenajear a las víctimas.
En resumen, esta ley representa un paso significativo hacia la reparación histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en España, así como un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos, la justicia y la democracia.