Los diputados Ana Carrera y Oscar Torres advierten de que es una renuncia a los intereses de los gaditanos e ironizan con que están pidiendo un acto de fe
La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, junto al portavoz municipal, Óscar Torres, ha expresado hoy en rueda de prensa su rechazo a las pretensiones de la Diputación provincial de desistir del litigio planteado contra la Junta por el arrendamiento del edificio de la Audiencia provincial, sito en la Cuesta de las Calesas.
Carrea le ha pedido a la presidenta de la Diputación que espere a renunciar a la vía judicial cuando tenga un documento certero que acredite al menos la adjudicación de las obras de la futura Ciudad de la Justicia en Cádiz. Entienden los dos diputados provinciales que lo que la Diputación está pidiendo es un acto de fe pues difícilmente Cádiz contará con una Ciudad de la Justicia en 2027 como alegan para justificar el desistimiento.
“Después de cinco años de gobierno del Partido Popular en la Junta, después de muchas promesas incumplidas, después de que el consejero de justicia, cada vez que habla de este tema en Cádiz, lo único que hace darle una pata para adelante y no hacer ninguna concreción y después, de estos cinco años en los que en Cádiz la ciudad de Cádiz no tenga ni un ladrillo puesto, ni tampoco en ninguno de los grandes proyectos de ciudad que dependen de la Junta Andalucía, pretenden que nos creamos que a finales del año 2027, la Diputación Provincial va a tener la llave del edificio de la Cuesta de las Calesas para poder hacer uso del mismo”, señala Carrera que asegura que “es una irresponsabilidad por parte de la Diputación Provincial”.
“No tenemos ningún interés en acudir a la vía judicial”, ha dicho recordando que “se acudió a la vía judicial porque no se obtuvo respuesta alguna del gobierno de Moreno Bonilla, en este caso del consejero de justicia”. En este sentido, ha advertido de que con el desistimiento se renuncia a defender los intereses de los gaditanos y de las gaditanas y explica que “se decidió emprender acciones judiciales contra la Junta de Andalucía en el pleno de noviembre del 2022 para reclamarle la terminación del contrato de arrendamiento del edificio en principio proyectado como sede de la Ciudad de la Justicia, pero es por todos conocidos que no va a ser la ubicación y por tanto, después de muchos intentos con el gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía de llegar a un acuerdo reclamábamos que vuelva a pasar a disposición de Diputación al no haber una fecha concreta, así como que abonasen el arrendamiento correspondiente”.
“No tenemos ningún inconveniente, nuestro afán no es recaudatorio por parte de la Diputación Provincial, para nosotros lo importante es que la Ciudad de la Justicia se haga cuanto antes y que Cádiz no tenga que mendigarle al gobierno de Moreno Bonilla ninguno de los proyectos que esta ciudad no solo merece, sino que necesita desde hace mucho tiempo”, ha precisado.
Por su parte, el portavoz municipal Compañera de Diputación, ha mostrado toda su desconfianza hacia lo que pueda decir el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ya que cada vez que se refiere a Cádiz es para faltarle al respeto a los gaditanos y ha recordado que hace unos meses decían que lo que pedíamos eran chorradas y hace tan solo 72 horas, literalmente ha manifestado que lo de Cádiz es lamentable.
“Pedir que confiemos en este consejero es más que un acto de fe, que confiemos en unos plazos sin que haya ningún compromiso por escrito”, señala Torres que ironiza con que “hay que ser muy optimista, vista la experiencia hasta ahora, para pensar que se van a cumplir todos los plazos en las futuras licitaciones sobre la ciudad de Justicia de Cádiz”. Al hilo, compara el proyecto de Cádiz para el que el consejero ha abierto la puerta a una colaboración público-privada con el resto de las Ciudades de la Justicia en Andalucía como las de Huelva, Sevilla que ha necesitado 70 millones para hacerse con los espacios para las dependencias judiciales o Granada donde la Junta ha presupuestado hasta 20 millones de euros.
“Lo más peligroso es que el Gobierno provincial confíe en las palabras de este consejero”, subraya el portavoz socialista que lamenta que concurra en la misma persona, Bruno García, al ser presidente del PP provincial y alcalde “esta dejación de funciones”. La realidad, a ojos del diputado del PSOE, es que “Bruno García ha decidido ser presidente provincial del PP antes que alcalde y anteponer la defensa de los intereses de su partido a los intereses de los gaditanos”.
“Ni a nivel local ni a nivel provincial, desde el PSOE podemos permanecer al margen de este tropelía, esta nueva humillación del Partido Popular con Cádiz”, avisa garantizando que “como venimos haciéndolo a lo largo de todo estos últimos meses no vamos a permitir que Bruno García siga continuamente en silencio, mirando hacia otro lado y sin haberle parado los pies, como hace mucho tiempo que debía de haberlo hecho, al consejero y al Gobierno andaluz porque podríamos estar hablando perfectamente de Valcárcel, del hospital, o del edificio de Náuticas que, como ya ha asegurado la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ante el silencio cómplice del alcalde se va a subastar, de manera que un edificio público va a pasar a manos de la propiedad privada”.