La Junta de Andalucía ha manifestado que el derribo este martes de una vivienda construida ilegalmente en suelo rústico dentro de la zona de influencia de las marismas de Barbate (Cádiz), en el paraje Ribera de la Oliva, responde a «criterios urgentes de seguridad, salubridad y medio ambiental, dada la existencia de fosas sépticas en gran parte de estas edificaciones ilegales» y a la proximidad a las marismas, al estar «a escasos 500 metros» de la ribera del mar.
En un comunicado la administración andaluza ha argumentado a este respecto que «todos los vertidos originados en estas edificaciones ilegales tendrían como destino los dominios públicos hidráulico y marítimo y el espacio protegido».
Se trata de una parcelación con 71 lotes, subdividido en varias parcelas catastrales afectadas, donde en todos los lotes se han abierto expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial. La edificación en cuestión fue precintada por el personal inspector de la Junta «cuando estaba en construcción, habiendo sido roto el precinto y continuadas las obras de edificación», ha advertido la Junta sobre esta vivienda que se encuentra ahora «terminada» y «sirve de segunda residencia a sus propietarios, los cuales se encuentran empadronados en otro domicilio de Barbate».
Así, se ha defendido que la demolición cuenta con la pertinente autorización judicial «desde febrero», siendo esta confirmada posteriormente tras no prosperar el recurso presentado por el abogado de la familia. La autoridad judicial, se ha explicado, rechazó paralizar la demolición tras acreditar la Policía Local y los Servicios Sociales del Ayuntamiento que los propietarios de la edificación «residen realmente en otro domicilio».
La actuación se enmarca en el Protocolo de Colaboración firmado en 2021 por la Junta de Andalucía con los Ayuntamientos de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera.
La primera actuación de la Inspección en la Ribera de la Oliva se produjo meses después, en diciembre de 2021, en la que se precintaron estos 71 lotes en los que se estaban construyendo edificaciones con un claro destino residencial y vacacional. Entonces, las decenas de propietarios fueron citados a pie de parcela a distintas horas del día, siendo informados de la orden de suspensión y precinto de las obras y de la imposibilidad de continuarlas. Desde entonces, se han realizado diez visitas a la zona, comprobándose en todas las ocasiones que los precintos del personal inspector eran «sucesivamente rotos y las obras continuaban haciendo caso omiso a las advertencias».
De los expedientes sancionadores abiertos se ha puesto en conocimiento a la Fiscalía Provincial de Cádiz y existe «plena coordinación» con el Ministerio Fiscal. La Consejería de Fomento ha insistido en que en que «construir ilegalmente en suelo rústico, además de una infracción territorial y urbanística, puede constituir un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo, castigado en el Código Penal.
Este martes estaba programado el derribo de esta vivienda ilegal ubicada en el paraje Ribera de la Oliva de Barbate, lo que ha provocado la movilización de vecinos para evitar que se lleve a cabo esta actuación al grito de «no al derribo». Es por ello que ha sido necesaria la presencia de efectivos de la Guardia Civil para garantizar que ésta se ejecute sin riesgos.