El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este jueves «la decena» de controles, tanto «de oficio como a instancia», en la zona del río Guadiaro ante el aumento de explotaciones de regadío, como el aguacate, en zonas de secano.
«Queda mucho por hacer, pero creo que las cosas se están haciendo francamente bien», ha resuelto para añadir que su departamento está valorando «un refuerzo» en las tareas de control y la monitorización de más puntos de muestreo a lo largo de todo el caudal del río.
Así ha respondido en la sesión de control a los miembros del Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento andaluz ante una pregunta del diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García sobre las soluciones que plantea la Junta sobre «el problema que están sufriendo el río Guadiaro y el Genel ante la proliferación de cultivos de regadío» como el aguacate en zonas de secano.
Antes de entrar en materia, el consejero ha hecho un llamamiento para que «todo el que conozca una ilegalidad lo denuncie» y ha saludado el trabajo de «muchas» organizaciones ecologistas que están trabajando sobre el terreno y que «ayudan a atajar este tipo de situaciones que no son deseables».
«Nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, estamos inmersos en mejorar cada día en la política de agua. También lo que tiene que ver con el control. Y en la zona del río Guadiaro, por supuesto», ha subrayado el consejero, que ha señalado que, a lo largo de 2023, «se han realizado decenas y decenas y decenas de controles, algunos ya resueltos».
Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García ha pedido «más de autocrítica» en este asunto al ver, en una visita a la cuenca del Guadiaro con la organización ecologista Verdemar, «muchísimos sitios declarados y catalogados como zona de secano con explotaciones de aguacate». «No es un caso puntual, estamos hablando de cientos y cientos de hectáreas de aguacate en zonas de secano», ha detallado.
Esto, a su juicio, está provocando «un desequilibrio hídrico brutal» y se está convirtiendo en «un problema político» que el Gobierno andaluz «tiene que atajar». Además, ha llamado a «investigar» la compra de estos terrenos por «fondos de inversión» con dinero «procedente de dudosa legalidad».
De igual manera, ha advertido de la falta de personal para inspeccionar esta cuestión y de la «descoordinación» entre diferentes provincias de la misma administración, ya que algunos tramos del río están en Málaga y otros en Cádiz.
«Se esta haciendo un atentado medioambiental brutal, pérdida de especies, pérdida de biodiversidad, pero también un atentado social y laboral, porque este tipo de cultivo no genera empleo».
A esto, el consejero ha replicado que le da «exactamente igual que el que delinca sea un fondo de inversión o un mileurista» porque «los delitos son delitos y hay que perseguirlos».
Por último, ha animado a Adelante Andalucía a reivindicar al Gobierno central el proyecto de la presa de Gibralmedina, que «está prácticamente redactado». «Estoy seguro de que si unimos fuerzas, creamos sinergias, lo conseguiremos mejor», ha concluido Fernández-Pacheco.