La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha manifestado su intención de presentarse en los juzgados como acusación particular en el caso que se abra contra los detenidos en una redada contra el narcotráfico que tuvo lugar en la madrugada del miércoles pasado en la desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y donde fueron tiroteados los agentes.
«En un nuevo y alarmante episodio de violencia del narcotráfico, la provincia de Cádiz ha sido testigo de un brutal tiroteo contra guardias civiles durante una operación en la madrugada del miércoles», ha incidido en una nota Jucil, que ha añadido que se presentará en la causa «reafirmando el compromiso como asociación de que ninguna agresión contra guardias civiles quede impune», según ha adelantado el secretario provincial de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez.
La asociación ha recordado los hechos, ocurridos de madrugada cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación sospechosa en la desembocadura del Guadalquivir y al interceptarla, los narcotraficantes «respondieron con violencia extrema, disparando con armas de guerra contra los guardias civiles». No obstante, los agentes detuvieron a nueve personas e incautaron unos 2.500 kilos de hachís, además de cuatro vehículos todoterreno que habían sido robados previamente.
Domínguez ha manifestado que «la creciente violencia con la que las organizaciones criminales responden a las intervenciones policiales no puede quedar impune, ni ser asumida como algo habitual en este tipo de situaciones». «El uso de armas de guerra contra nuestros compañeros es una clara señal de que las mafias que controlan el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar están dispuestas a todo para proteger este negocio de la droga», ha añadido.
Finalmente, Jucil ha apelado de nuevo a la Administración pública, al Ministerio del Interior, para que se refuercen las medidas de seguridad de los guardias civiles y de los policías nacionales cuando intervienen en estos operativos contra el tráfico de drogas y que se garantice que los responsables de estos actos violentos enfrenten las máximas consecuencias legales.