Los empresarios proponen cambios en la normativa que eviten situaciones como las del mercado de alquiler de Cádiz ciudad
La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA) aboga por llevar a cabo a una reflexión profunda sobre la actual legislación del mercado inmobiliario, en un proceso en el que “ofrecemos nuestra colaboración a las instituciones y partidos políticos para aportar la visión y conocimiento de nuestro centenar de empresas del sector”, destaca su presidente, Lucas Carrasco.
“Es esencial implementar una normativa más adecuada y específica que aborde las peculiaridades de cada ciudad y que garantice un mercado de alquiler justo y accesible para todos los ciudadanos”, indica a raíz de los recientes datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la evolución del precio de alquiler.
En el caso de Cádiz ciudad, a pesar de que ha dejado de estar entre las capitales con mayor subida de precios de alquiler, tanto en contratos nuevos como antiguos, sigue acumulando años de precios elevados. Encontrar un piso por debajo de los 1.000 euros mensuales es imposible, lo que afecta principalmente a las capas más jóvenes de la población, que tienen que buscar alternativas fuera de Cádiz.
“Desde GICA advertimos que la actual Ley de la Vivienda no ha logrado contener eficazmente los precios del alquiler de larga duración y los efectos que esto tiene en la sociedad. La principal causa del aumento de los precios del alquiler es el desequilibrio entre la oferta y la demanda. En muchas ciudades, incluida Cádiz, la demanda de viviendas en alquiler supera con creces la oferta disponible”, explica Begoña Gómez, vicepresidenta de GICA y empresaria del sector con un amplio conocimiento del mercado inmobiliario de la capital.
“La ley no aborda suficientemente este desajuste estructural, lo que limita su efectividad. Además, la limitación de la subida de los alquileres al 3% puede desincentivar a los propietarios de poner sus propiedades en el mercado de alquiler. Los propietarios, al no poder ajustar los precios de acuerdo con la inflación y los costes de mantenimiento, pueden optar por dejar las viviendas vacías o destinarlas a otros usos más rentables, como el alquiler turístico”, explican los representantes de GICA.
La ley tampoco incluye incentivos suficientes para la construcción de nuevas viviendas de alquiler asequibles. “Sin una oferta creciente de viviendas, los precios seguirán elevados debido a la escasez de unidades disponibles. En ciudades con alta demanda y escasa oferta, como Cádiz, las medidas de contención de precios tienen un impacto limitado y no abordan las causas subyacentes de los altos precios”, razona Lucas Carrasco.
Los efectos de la Ley de la Vivienda en la sociedad son múltiples. Aunque las subidas de precios se han contenido parcialmente, los alquileres se mantienen en niveles muy altos. Esto significa que, en lugares como Cádiz, los inquilinos encuentran grandes dificultades para encontrar viviendas asequibles y en buen estado.
Desde GICA, “reiteramos nuestra colaboración a las instituciones con competencias en vivienda y partidos políticos para aportar nuestra visión y conocimiento del mercado inmobiliario, respaldada por la experiencia de cientos de agencias repartidas por toda la provincia de Cádiz. Creemos que, con un enfoque integral y adaptado a la realidad local, es posible desarrollar una normativa que equilibre las necesidades de inquilinos y propietarios, promoviendo así un mercado de alquiler justo y accesible”.