El Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado a la Junta de Andalucía la baja de hasta 66 de las 122 nuevas viviendas con fines turísticos (VFT) que se habían solicitado su alta de actividad en la capital en este primer semestre del año 2024, al considerar que todas ellas inclumplen con la ordenanza municipal que regula este tipo de alojamientos desde octubre de 2022.
El alcalde de Cádiz, Bruno García, confirmaba esta circunstancia en declaraciones a los periodistas, asegurando que desde su Gobierno local se está trabajando para poner en marcha «fórmulas» que hagan «más restrictiva» la implantación de este tipo de viviendas en la capital gaditana.
«Seguimos en esa línea de estar muy encima y depurando las altas que se dan» sobre viviendas turísticas, en palabras del alcalde gaditano, quien ha recordado que al finalizar 2023 ya se solicitó la baja de más de 200 alojamientos que «estaban fuera del PGOU».
En ese sentido, ha aclarado que la normativa permite las viviendas turísticas pero que desde su Gobierno se está trabajando para ser «más restrictivos» sobre este asunto e «intentar reducirlo a lo mínimo», defendiendo que el casco histórico está «muy protegido».
Además, el delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha hablado sobre la «clandestinidad» de algunas viviendas que operan para el turismo sin tener permiso para esa actividad, indicando que están manteniendo reuniones con la Junta de Andalucía para tratar de estableces un convenio de colaboración que permita «un control exhaustivo» de estos pisos y de esa «clandestinidad».
«Nosotros estamos básicamente vigilando que se cumpla de manera estricta el planeamiento urbanístico que propuso el anterior equipo de Gobierno y estudiando medidas para que sea un seguimiento eficaz. Más allá de eso, el alcalde también plantea que si la situación con datos en la mano indica que podemos adoptar alguna medida adicional, lo hagamos», ha comentado Cossi.
El pasado mes de marzo, la Junta de Andalucía comunicó la anulación de un total de 155 viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad de Cádiz, muchas de ellas del centro, al incumplir la normativa municipal vigente desde 2022. Estas viviendas son las que fueron denunciadas por el Gobierno local a finales de 2023.
En ese sentido, cabe señalar que desde el Ayuntamiento se trasladó a la Junta 277 expedientes relativos a estas viviendas, solicitándoles que se las diera de baja al incumplir la normativa para evitar «la excesiva turistificación de la ciudad» publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en octubre de 2022. De todas ellas, 155 fueron canceladas porque no hubo «ningún tipo de alegación por parte de los gestores o propietarios de las mismas», según la Junta.
A principios de año, en una rueda de prensa, el alcalde de Cádiz y el delegado de Urbanismo explicaron que desde su Gobierno se habían analizado las 400 VFT que se habían inscrito a lo largo del año 2023 y que contaban con la aprobación de la Junta de Andalucía, encontrando que 280 de ellas «estaban fuera del ordenamiento».
Es por eso que se notificó el hecho para que la administración andaluza retirase la autorización «por incumplimiento urbanístico». Una vez completado ese paso, se daba aviso a los propietarios de las VFT para que pudieran realizar alegaciones al proceso y tras un plazo, si no las había, se les retiraba la autorización, como ha ocurrido en este caso.