Adelante Andalucía ha sostenido este lunes, jornada en la que el exalcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’, afronta un juicio por un posible delito de prevaricación por la contratación de un asesor, que «es un caso fiel, uno de los casos visibles de lawfare» al blandir que «estamos hablando de que le han puesto 18 denuncias» y que «17 han sido archivadas», para augurar que «la 18 también será archivada».
Así se ha pronunciado en rueda de prensa el responsable de Organización, Néstor Salvador, quien se ha preguntado sobre la motivación que puede subyacer tras esos procesos judiciales y concluir «para que gente como Kichi, un profesor de instituto, que se plantea ser alcalde de su ciudad, no se meta en política».
«Éste es el aviso para el que quiera ser también alcalde en su ciudad, y no sea de los partidos del régimen, no se meta en política», ha continuado argumentando el dirigente de Podemos.
Salvador ha situado este cúmulo de procesos judiciales como «el aviso a la ciudadanía de que si te metes en política, si te atreves a quitarle el mandato a una de las jefas del Partido Popular, como era Teófila Martínez, te van a perseguir judicialmente tengan o no pruebas».
«Tenemos claro que viene por dos excargos de libre designación de Teófila Martínez y una delegada sindical de la Policía Local, enfrentada al Ayuntamiento de Kichi», ha asegurado sobre este último proceso, antes de concluir que «creemos que no hay ninguna base».
El dirigente de Adelante Andalucía ha inferido que esta situación «es un escándalo público» por la suma de procesos judiciales que han acabado archivándose, además de lamentar el contraste entre «la gran difusión pública cuando es la denuncia y muy poca difusión cuando se la archivan».
«Esto también es una forma de condenar a la gente», ha inferido de esa desigualdad en el trato informativo, de manera que la práctica es «manchar una imagen e intentar que la imagen sea ya de que algo habrá hecho».
El dirigente de Adelante Andalucía ha evocado otras situaciones como las vividas las de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra para sostener que «es gravísima esta persecución judicial y mediática», además de que «es grave para la democracia en el Estado español que se persiga a la gente que quiera hacer política».