La portavoz de Economía del Grupo Socialista, Noelia Ruiz, ha registrado hoy en el Parlamento andaluz una proposición no de Ley relativa a la pesquería de la sardina en el Golfo de Cádiz. En ella, se pretende que el Parlamento de Andalucía se muestre favorable a que la Administración competente realice las modificaciones legislativas necesarias para que el porcentaje de posibilidades de pesca de sardina (Sardina Pilchardus) de la zona CIEM IXa, asignadas a la modalidad de cerco del Golfo de Cádiz, se distribuyan de manera individual por buque.
Noelia Ruiz asegura que “el Reglamento (UE) Nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común (PPC), establece entre sus objetivos garantizar la sostenibilidad de la pesca, para lo cual los Estados miembros aplicarán medidas de ajuste para limitar las capturas o el esfuerzo pesquero, basándose en los mejores dictámenes científicos, con el objetivo de lograr un equilibrio estable”.
Por ello, explica, “en el año 2014, y vista la situación del stock de la sardina ibérica (Sardina Pilchardus), que había experimentado un declive de biomasa de reproductores según todas las informaciones científicas, resultaba necesario implementar medidas técnicas para favorecer la explotación sostenible del recurso, como limitaciones espacio-temporales, topes de capturas” y de ahí, el plan de gestión de la sardina de las aguas ibéricas aprobado por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La parlamentaria andaluza advierte de que “este Plan, con una vigencia de 3 años, y cuyo ámbito de aplicación incluye las zonas VIIIc y IXa del Consejo Internacional de exploración del Mar (CIEM) afecta, entre otras a la flota andaluza de cerco del Golfo de Cádiz y establece la regla de explotación para el cálculo del límite de capturas totales, la asignación de cuotas y los períodos de actividad”.
“El reparto de la cuota, 3.750 Tn en 2017, se realiza conforme a lo establecido en el Plan de Gestión de la sardina y de forma consensuada con el sector, estableciéndose un límite de captura para el Golfo de Cádiz de 1.500 Tn en 2017, que se reparte entre los puertos de Isla Cristina, Barbate, Punta Umbría y Sanlúcar de Barrameda”, precisa, subrayando en la argumentación de la iniciativa que “este sistema de asignación dificulta la gestión adecuada de las cuotas asignadas, impidiendo a los profesionales del sector prever su actividad a lo largo del año”.
Por todo ello, la diputada andaluza por la provincia argumenta que “resulta aconsejable consensuar con el sector un sistema de asignación de cuotas, que permita a los armadores conocer las cuotas que dispondrán de manera individual, permitiendo su gestión conjunta con otros barcos, y facilitando la planificación y desarrollo de su actividad”.