Hugo Palomares, alcalde de Bornos, y Ana Medina, vicepresidenta primera responsable del área de Memoria Democrática de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, ambos integrantes de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz han denunciado la presunta exhibición de una bandera con simbología franquista en una vivienda de la localidad de Bornos, una circunstancia que han trasladado al Ministerio Fiscal, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía la exhibición de símbolos y elementos «contrarios a la memoria democrática», en concreto.
En una nota de IU, Palomares ha denunciado que la exposición de la bandera franquista es «un homenaje a un golpista y dictador que, además de vulnerar la legislación en materia de memoria, atenta contra la dignidad de las víctimas del franquismo al reconocer en un espacio público al responsable de terribles e incontables vejaciones de derechos humanos».
Por otro lado, Ana Medina ha calificado este tipo de actos como «desprecio a las víctimas de la dictadura franquista y al dictador responsable de al menos 114.226 civiles republicanos, la mayoría de los cuales continúan hoy desaparecidos».
Medina ha asegurado que se trata de «un acto consciente de reconocimiento a un genocida que inauguró 40 años sin libertades ni elecciones» y que «llegó al poder a través de la violencia y el terror», por lo que «no merece ni el más mínimo reconocimiento por parte de nadie en un país democrático que debería rechazarlo públicamente».
Ambos representantes de Izquierda Unida han recordado que según Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en su artículo 35, «se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».
Ante esto, la ley establece que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán «las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos» y que cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, «las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo».
Asimismo, Hugo Palomares ha hecho alusión a la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que establece sanciones de entre 2.000 a 10.000 euros de multa a quienes incumplan el artículo 32.
Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, ha hecho hincapié en «el terror» que supuso el golpe franquista en la Sierra de Cádiz, algo que está recogido, ha afirmado, por el historiador Fernando Romero Romero, quien describe que cuando se materializó el golpe fascista en julio de 1936, en la comarca de la Sierra «cayeron durante la primera semana del golpe Olvera, Puerto Serrano, Espera, Villamartín, Bornos, Algodonales, Prado del Rey, El Bosque, Arcos de la Frontera, Zahara de la Sierra y Algar».
«En todas estas operaciones intervinieron la Guardia Civil y después, cuando era necesario, columnas de requetés, falangistas o de las guardias cívicas organizadas por los oligarcas, reforzadas con tropas africanas», asevera Romero en su estudio, en el que reconstruye la represión franquista en Bornos, un municipio donde «tampoco hubo violencia republicana previa» y fueron asesinadas «más de un centenar de personas, la mayoría registradas con nombres y apellidos en un listado que todavía se conserva en el archivo municipal».
Ante todo esto, el coordinador provincial de Izquierda Unida ha indicado que este tipo de acciones «no hacen más que dañar la memoria colectiva de quienes dieron su vida por defender el gobierno democrático de la II Republica frente a quienes instauraron 40 años de dictadura y sufrimiento en nuestro país», por lo que ha solicitado que este tipo de actos «no queden impunes ante la ley».