IU logra también el apoyo unánime a la moción de respaldo a los activistas saharauis que finalmente han sido deportados a Marruecos por el Gobierno español
Izquierda Unida ha logrado hoy la unanimidad del Pleno de la Diputación de Cádiz a la moción por la que se insta a la Junta de Andalucía a la puesta en marcha inmediata de los Centros de Crisis de atención 24 horas para las Víctimas de Violencia Sexual en las ocho provincias andaluzas.
El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, se ha mostrado “muy satisfecho” por el respaldo de todos los grupos políticos a una medida que, según expuso en el Pleno, “está recogida en la Ley de Libertad Sexual del año 2022, que establece que todas las provincias y ciudades autónomas de España deben tener un Centro de Crisis 24 horas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual”. Recriminó Galán que, “el plazo que inicialmente se estableció en seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023; si bien, en otras comunidades autónomas estos centros han empezado a funcionar, en Andalucía no hay actualmente ninguno operativo”.
Recalca el diputado de IU que para estos centros, llamados a cumplir una labor de atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia de género, “Andalucía ha recibido del Gobierno central hasta la fecha por este concepto 12,3 millones de euros y no ha empleado ni un euro en este cometido”. Además de estas funciones, estos centros de crisis, bajo criterios de atención permanente y actuación urgente, proveerán “apoyo y asistencia en situaciones de crisis para las víctimas y sus familias y personas del entorno”, además de incluir “acompañamiento e información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año”.
Entre los datos aportados por IU se encuentran los extraídos del `Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España 2023´, elaborado por el Ministerio del Interior, que indica que, Andalucía, con 3.473 casos en 2023 fue la segunda comunidad autónoma con más delitos contra la libertad sexual, por detrás sólo de Cataluña. De esta cifra, un total de 483 casos de víctimas de violencia sexual se dieron en la provincia de Cádiz. Asimismo, IU menciona el dato de que ese mismo año, el Instituto Andaluz de la Mujer atendió a 660 víctimas de violencia sexual.
Respaldo a activistas saharauis
De igual forma, el Pleno provincial ha votado de manera unánime a favor de la moción defendida por Izquierda Unida en defensa del asilo por parte del Gobierno español a los activistas saharauis que durante varios días han permanecido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, alegando que se garantizara la evaluación de este derecho de asilo “de forma justa y transparente conforme al derecho internacional”. El propio diputado provincial ha incidido en el hecho de que entre la presentación de la moción por parte de IU el pasado 4 de diciembre y la celebración del Pleno, “ha sido denegado este asilo y los activistas han sido deportados a Marruecos”.
Apunta Galán que, “se trataba de unos activistas saharauis que luchan por la libertad del pueblo saharaui y por que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas y por que el pueblo saharaui pueda tener derecho a un referéndum de autodeterminación para decidir qué hace con su futuro”. Así, ha señalado que, desde IU, “lamentamos profundamente que el Gobierno de España haya deportado a estos activistas, algunos de ellos en situación de vulnerabilidad, en tratamiento oncológico, algunos menores, que han sido deportados a Marruecos y no sabemos qué suerte correrán aquí, cuando es Marruecos el que está violando sistemáticamente el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo saharaui”.
No obstante, Galán ha indicado que el respaldo provincial a esta moción de IU “debe servir para alzar la voz y denunciar la situación en que se encuentra desde hace mucho tiempo el pueblo saharaui con el que el Estado español tiene una gran responsabilidad, ya que, recordemos, España fue potencia descolonizadora del Sáhara Occidental”.
La moción aprobada insta, además, al Gobierno central a tomar “las medidas necesarias para asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo saharauis, especialmente aquellos que alegan situación de persecución política y/o tortura”.