Ignacio Romaní apunta que los astilleros no pueden vivir sólo de expectativas y pide al Gobierno que ponga en su agenda industrial las necesidades de Navantia
El Grupo Popular en el Congreso ha pedido la comparecencia de la presidenta de la SEPI, Belen Gualda, en el Congreso de los Diputados para que para que de cuenta de la situación laboral que padecen los trabajadores de la empresa pública Navantia y la consiguiente actualización del convenio colectivo, también sobre la estrategia de inversiones de la compañía a corto, medio y largo plazo, la concreción de la carga de trabajo y la exposición de las cuentas de la empresa del año 2023.
Tras diversas reuniones que el Partido Popular ha mantenido en las últimas semanas con el comité intercentros de Navantia y también con representantes de la industria auxiliar en la Bahía, el diputado nacional, Ignacio Romaní, ha reclamado al Gobierno “que ponga en su agenda industrial las necesidades de nuestros astilleros”. Para el diputado popular “el sector no puede vivir sólo de anuncios y expectativas de futuro, hay que comprometerse con el día a día de nuestros astilleros, dar respuesta a las demandas actuales y sobre todos apostar como prioridad por la competitividad de todos los centros de Navantia”.
Romaní ha trasladado a los trabajadores “el apoyo del PP a sus reivindicaciones” y lamenta que “cada vez es mayor la inquietud y malestar en los centros por la falta de respuestas de la compañía, algo que ya está provocando las movilizaciones y protestas en los astilleros”.
“Navantia está en una situación excepcional sin actualizar el convenio colectivo, sin plan estratégico vigente ni plan presupuestario, que está condicionando el futuro del astillero y de la carga de trabajo. Una situación excepcional que requiere medidas excepcionales e inmediatas y por este motivo hemos solicitado la comparecencia de la presidenta de la SEPI”, ha afirmado.
Para el PP “la competitividad del astillero necesita de decisiones de enorme relevancia en el ámbito laboral, con el acuerdo para cerrar un nuevo convenio que finalizó su vigencia en diciembre de 2021, dando respuestas concretas a los trabajadores en ámbitos como la masa salarial o el contrato relevo, como ejemplos más significativos”.
Igualmente, ha criticado “el incumplimiento de las inversiones vinculadas con el Plan Estratégico 2018-22, así como el plan presupuestario que permitía atender las necesidades laborales de la plantilla actual y las contrataciones comprometidas”. Sobre ello, ha señalado que el Comité de Seguimiento acordado en el plan industrial anterior tan sólo se reunió una vez y , tras la finalización del mismo tampoco se convocó para analizar el desarrollo y nivel de cumplimiento de los objetivos marcados para cada uno de los centro de trabajo. Por ello, ha presentado una pregunta para que el Gobierno informe si ha realizado algún estudio balance del Plan Industrial y facilite los resultados del mismo.
Ignacio Romaní ha defendido que el nuevo Plan Estratégico de Navantia “debe abordare como una oportunidad para abrir nuevos mercados y convertir a los astilleros en un polo de atracción del talento y de la innovación en la industria del sector de la construcción naval, mejorando las inversiones y las instalaciones para hacerlos más competitivos y posicionándolo a la altura del resto de astilleros internacionales. Se trata de ampliar la actividad de las distintas plantas, no poner coto y limitar la capacidad de producción de nuestros astilleros, especialmente en el caso de la planta de Puerto Real en la que los trabajadores llevan tiempo alertando de que se está cerrando las opciones de construcción naval para reducirlo la industria off shore”.
“Hay que sumar nuevos contratos, nunca de sustituir”, rechazando “la política de segregación de centros que en la práctica ya está aplicando la compañía . El astillero de Puerto Real tiene capacidad, tecnología y medios suficientes para optar a una oferta de contratos y mercados mucho mayores dando cabida a la construcción off shore pero también a la construcción de barcos no sólo militares sino también civiles en cuyo mercado Navantia tiene cada vez menos peso”.
Y, al respecto, ha preguntado igualmente al Gobierno sobre falta de un departamento comercial en la estructura de Navantia orientado al mercado civil o sobre la ofertas a las que ha optado la compañía en los últimos años.