El pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado por unanimidad el tramitar el expediente de contratación a una empresa externa que realice un informe del seguimiento de la implantación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en la ciudad 2022-2024, con el objetivo de esclarecer si se han cumplido en dicho periodo los parámetros que tuvo en cuenta la Secretaría General de Empresa y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para declarar como tal a todo el término municipal.
Atendiendo al resultado de dicho informe, que tendrá un plazo máximo de elaboración de tres meses, se plantea elevar a la Junta de Gobierno Local la solicitud de una nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para la ciudad, como ha indicado en una nota el Ayuntamiento.
Igualmente, se ha aprobado trasladar los resultados del informe a las federaciones, asociaciones y agentes sociales de los segmentos comerciales de Jerez, y al órgano competente de la Junta de Andalucía.
La delegada de Comercio, Nela García, ha explicado que el Ayuntamiento, con el apoyo de todos los sindicatos, federaciones, asociaciones y agentes sociales, considera que la Zona de Gran Afluencia Turística «se debe ceñir sólo al centro histórico2, ya que «el 62% de las plazas de alojamientos turísticos se ubican en este ámbito», así como la mayoría de los atractivos turísticos, y un 67,64% del total de las bodegas del municipio.
Así, ha aclarado que el Gobierno «es consciente de los perjuicios que está ocasionando la actual ZGAT a los trabajadores del sector de comercio», quienes «han visto desmejoradas sus condiciones de empleo y con problemas de conciliación laboral», a lo que se añade, «la desertización del casco histórico urbano y la insostenibilidad ambiental».
Nela García ha argumentado que el mantenimiento de la actual ZGAT supone «poner en peligro la estabilidad y el mantenimiento del pequeño y mediano comercio y del empleo autónomo», además de ser «un perjuicio» a los trabajadores de las grandes superficies, ya que conlleva «un indudable incremento de la conflictividad laboral en este segmento del comercio».
«Es por ello que entendemos que las necesidades de los intereses turísticos y de los consumidores se encontraban plenamente cubiertos y satisfechos con la regulación que existía antes de la actual ZGAT», ha dicho.
La delegada ha recordado que esta determinación fue consecuencia de «la mala praxis, la imprudencia y la irresponsabilidad del Gobierno local anterior –del PSOE– al no haber solicitado cuando era el momento la delimitación de la ZGAT exclusivamente al centro histórico de la ciudad, que es la zona donde se concentra el turismo». Es por eso que ha reclamado al Gobierno de España un cambio de esta legislación que permita que la ZGAT no se aplique por igual a todos los municipios sino que ésta pueda depender de las circunstancias específicas de cada uno de ellos.
Igualmente, ha señalado que la participación «va a estar garantizada» a través del Consejo Social de la Ciudad y que la intención del Gobierno local es llevar a cabo este estudio «desde la participación y corregir lo que otros no quisieron corregir o no quisieron acotar».
El Ayuntamiento ha recordado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, trasladó esta propuesta en las reuniones que mantuvo la semana pasada con diversos miembros de los principales sindicatos con representación entre las plantillas de las grandes superficies de la ciudad, CCOO, UGT y Valorian.
De hecho, desde CCOO han valorado positivamente la aprobación de esta propuesta, ya que supone «un paso importante» que «ayudará a reducir los efectos nocivos de la ZGAT de Jerez en las plantillas afectadas por la liberalización salvaje de los horarios comerciales en toda la ciudad».
Este sindicato «ha echado en falta» en el acuerdo aprobado por el pleno municipal algunas materias propuestas por sus representantes, como la reducción del ámbito temporal que hay previsto actualmente. No obstante, ha celebrado esta aprobación, entendiendo que ello permitirá dar «luz verde» al proceso de reducir la ZGAT al ámbito territorial mínimo necesario para la ciudad y con ello «mejorar los efectos negativos que está teniendo para las plantillas de trabajadores y trabajadoras afectadas».