La directora general de la Guardia Civil mantiene una reunión con mandos en Algeciras para abordar su situación
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha visitado este viernes la Comandancia de Algeciras para conocer de primera mano la situación de los agentes destinados en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, una demarcación que destaca por sus niveles de turismo en tránsito y la Operación Paso del Estrecho.
En una nota, la Dirección General de la Guardia Civil ha detallado que tras una reunión con los mandos, en la que se le ha trasladado la situación de la región, del personal, de los acuartelamientos y los recursos con los que cuentan, Mercedes González se ha dirigido al Puerto de Algeciras, un puerto «con especial relevancia», ya que es el primer puerto en tránsito de mercancías de España y del Mediterráneo.
Allí, Mercedes González ha visitado el que se convertirá en el nuevo muelle de atraque de la Guardia Civil, que entrará en servicio en este año. Este nuevo muelle estará situado en la dársena El Saladillo y tendrá «un papel estratégico», ya que permitirá al Servicio Marítimo reubicar su flota junto a las dependencias del Servicio Marítimo Provincial.
Asimismo, ha visitado las instalaciones del Sistema Integrado de Vigilancia del Exterior, cuyo cometido es detectar a larga distancia las embarcaciones, identificar el tipo de embarcación y sus tripulantes, así como coordinar su seguimiento utilizando los medios de la Guardia Civil, y del Centro Regional de Vigilancia Marítima del Estrecho.
La directora general se ha reunido con los miembros del Grupo Cinológico de la Comandancia y de la Compañía de Fiscal y Fronteras. Con ellos ha podido hablar del «alto volumen» de la actividad portuaria, dada la posición estratégica del puerto, ya que está situado en la confluencia de las principales rutas marítimas y actúa como enlace marítimo del Estrecho las 24 horas del día.
Por este motivo, este puerto se ha convertido en el escenario de algunas de las operaciones «más relevantes» de la Guardia Civil en la zona como es el caso de la operación Baelo 256 Galia. En ella, los agentes aprehendieron el pasado abril un camión procedente del Puerto de Tánger con un semirremolque en cuyo interior se incautaron 25 toneladas de hachís.
Como se ha indicado, solo en el año 2024, en el Puerto de Algeciras se han incautado más de 20 toneladas de hachís, más de seis toneladas de cocaína y más de 100 kilogramos de droga en el interior del organismo.
Dentro de la reunión mantenida con los mandos, Mercedes González ha sido informada de la última operación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), donde se han investigado a 155 personas por construcciones ilegales en suelos protegidos en los municipios de San Roque, Los Barrios y Tarifa.
Las construcciones ilegales detectadas ascienden a un total de 103, de las que 46 se encuentran dentro de la zona de especial protección medioambiental, dentro de los límites de Parque Natural. Además, se han detectado 23 edificaciones en zona de Dominio Público Hidráulico de los ríos Palmones y Guadarranque, construcciones en peligro de inundación ante crecidas del río o fuertes precipitaciones.
La mayoría de las construcciones son utilizadas como segunda residencia, correspondiendo muchas de ellas a la instalación de casas prefabricadas denominadas como «mobile homes».
Entre las zonas afectadas se encuentra la Finca Albalate y La Zahonera en San Roque, Vega de Ringo Rango y Monte de la Torre en Los Barrios. También se han investigado construcciones ilegales en las zonas rústicas del término municipal de Tarifa, como La Zarzuela, Bolonia, La Peña, Las Caheruelas y Paloma.
Como consecuencia del incremento de este tipo de construcciones, se crean núcleos de población que no cuentan con los servicios mínimos necesarios, creando «una problemática» en la gestión de los residuos y accesos, no contribuyendo con el pago de los tributos urbanos para el mantenimiento de estos servicios, lo que causa un perjuicio en contra de los propietarios de las viviendas legalmente establecidas que pueden ver mermados sus servicios y calidad de vida.
