Las universidades públicas andaluzas respaldan el nuevo decreto que endurece los criterios para crear universidades en España
Las universidades públicas de Andalucía han mostrado su apoyo al proyecto de Real Decreto sobre la creación, reconocimiento y autorización de universidades, presentado recientemente por el Gobierno de España. La iniciativa busca frenar la proliferación de centros privados sin garantías suficientes de calidad, una preocupación que los rectores andaluces vienen señalando desde hace tiempo.
En un comunicado conjunto, las instituciones académicas han valorado positivamente que esta reforma delimite con mayor precisión qué se considera jurídicamente una universidad. En línea con el modelo europeo, el texto establece que una universidad debe combinar docencia, investigación y transferencia de conocimiento, independientemente de su titularidad pública o privada.
El sector público universitario considera que la normativa vigente hasta ahora, aunque establecía ciertos criterios, ha resultado demasiado permisiva. Esto ha permitido el crecimiento descontrolado de universidades privadas que, según denuncian, comercializan títulos con la misma validez legal que los de las universidades públicas sin cumplir los estándares mínimos de calidad. Para las universidades públicas andaluzas, esta situación afecta negativamente al conjunto del sistema universitario español, generando desigualdades y una competencia desleal.
Desde las instituciones académicas también se alerta de los riesgos de un modelo universitario basado en la mercantilización del derecho a la educación. Advierten que, si no se revierte esta tendencia, se abrirá una brecha social que prioriza el nivel de renta frente al mérito, el esfuerzo y la capacidad del estudiantado. A su juicio, esto comprometería seriamente el principio de igualdad de oportunidades.
Las universidades públicas andaluzas recuerdan que el sistema universitario es un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y cultural del país. Por ello, consideran que apostar por un modelo productivo basado en ciencia y tecnología requiere reforzar el papel de las universidades públicas, cuya misión responde exclusivamente al interés general.
Finalmente, confían en que esta reforma normativa impulse un acuerdo entre las distintas administraciones para alcanzar cuanto antes el suelo de inversión pública del 1% del PIB en educación superior, tal como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
