El grupo popular en la institución provincial pide que se debata una disposición normativa con rango de ley ante la negativa del Gobierno de Sánchez a presentar Presupuestos
El grupo popular en la Diputación Provincial de Cádiz propondrá al próximo Pleno ordinario, que se celebrará el miércoles 23 de abril, una moción para instar al Gobierno de España a que apruebe una disposición normativa con rango de ley que permita a los ayuntamientos y diputaciones acometer inversiones financieras sostenibles con cargo al superávit del ejercicio anterior, dando así cumplimiento a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De manera arbitraria, la ministra María Jesús Montero decidió que ese dinero sólo puede destinarse a la amortización de deuda.
Conforme a las reglas fiscales vigentes, las administraciones locales y diputaciones deben cumplir en 2025 con los objetivos de estabilidad presupuestaria y las limitaciones de gasto impuestas por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pero estas condiciones, tras la decisión del Gobierno, obligan a que el remanente de tesorería se destine principalmente a amortizar deuda, sin posibilidad de emplearlo en inversiones municipales, por lo que se impide a los pueblos avanzar en mejoras para los vecinos.
La propuesta del grupo popular recuerda que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite a ayuntamientos y diputaciones destinar a inversiones sostenibles el superávit del presupuesto anterior consolidado. Para ello, deben aprobarse los Presupuestos Generales del Estado de 2025, o una disposición con rango de ley en su lugar. Hasta entonces, esas administraciones no podrán hacer uso del remanente para fines inversores.
Con decisiones arbitrarias como esta, queda claro para los populares que Pedro Sánchez y María Jesús Montero están más interesados en resolver sus propios problemas que los que realmente tienen los ciudadanos gaditanos. Al no permitirse las inversiones con el remanente, “el Gobierno de España castiga a los ayuntamientos y diputaciones que han gestionado de manera eficaz, sin generar deuda ni déficit en el ejercicio presupuestario anterior, que han concluido incluso con superávit. Se prohíbe, en definitiva, que los municipios gaditanos y la Diputación Provincial realicen inversiones importantes para su crecimiento, y se penaliza a los ciudadanos al privarlos de servicios esenciales”, asegura el portavoz del Grupo Popular en Diputación, Juan José Ortiz.
Desde el Grupo Popular se recuerda que el Gobierno de España tiene la obligación de presentar ante las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Presupuestos porque así se indica en la Constitución. Una obligación constitucional que Sánchez incumple a pesar de las advertencias de juristas y la propia Abogacía del Estado. “Y los principales perjudicados por esta situación son los ciudadanos. Con la inversión del remanente, podrían construirse viviendas protegidas, polígonos industriales, aparcamientos, bibliotecas… equipamientos, en conclusión, que mejoren los servicios públicos en los pueblos de nuestra provincia que han gestionado de manera eficiente”, afirma Ortiz.
Creen los populares que el Gobierno ha elegido asfixiar con impuestos a los ciudadanos, especialmente a la clase trabajadora, en lugar de cumplir con la Constitución. “En lugar de aprobar medidas que alivien la situación financiera de municipios y diputaciones, prefiere chantajearlos y asfixiarlos sin actualizar la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) e impedir las inversiones necesarias para impulsar el desarrollo local”.
Por último, el grupo popular en Diputación recuerda que los Presupuestos Generales del Estado son el sustento de los servicios básicos. No presentarlos, además de ser anticonstitucional, es prohibir los derechos de los ciudadanos. “Ya que han decidido no presentar los PGE, insistimos en solicitar que presenten una disposición normativa con rango de ley similar a la de los presupuestos para poder invertir ese superávit”.
