Sumar cuestiona al Gobierno sobre el asilo a los jóvenes ucranianos entrenados en Sierra del Retín
El grupo parlamentario pregunta si se ha ofrecido la posibilidad de asilo a los jóvenes adiestrados en Cádiz, tras la construcción de un muro para evitar deserciones.
El grupo parlamentario Sumar ha solicitado al Gobierno de España si se ha ofrecido a los jóvenes ucranianos que están siendo entrenados en el campo de adiestramiento de Sierra del Retín (Cádiz) la posibilidad de solicitar asilo. La pregunta surge en medio de la polémica sobre un muro de concertina levantado en el lugar para evitar su fuga, tras informarse de deserciones de algunos de los jóvenes que no querían participar en el conflicto armado.
El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha señalado que estos jóvenes están siendo entrenados «sin experiencia militar», subrayando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. «Desde noviembre hemos sabido que han ocurrido deserciones y se ha respondido construyendo un muro de concertina», indicó Valero, quien cuestionó al Gobierno sobre la razón detrás de esta medida. Además, subrayó que el derecho internacional contempla la posibilidad de asilo para aquellos que están en situación de vulnerabilidad.
Valero también insistió en que este tipo de crisis humanitaria debe resolverse «con derechos humanos», y destacó la necesidad de garantizar la protección de estos jóvenes, a quienes podría corresponder el derecho de solicitar asilo en España si deciden no seguir con el adiestramiento militar.
Por otro lado, Valero criticó la situación de infrafinanciación que enfrentan muchos pueblos andaluces, acusando a la Junta de Andalucía de abandonar a los municipios, lo que provoca un despoblamiento y desigualdades entre el mundo rural y urbano. En su visita a la Feria Gastronómica del Caracol en Bornos, Valero abogó por el apoyo a pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas para frenar el éxodo rural.
Finalmente, el dirigente de IU también se refirió al impacto del decreto de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno andaluz, que ha retrasado aún más las ayudas a la dependencia. Valero exigió una gestión pública directa de las ayudas para garantizar los derechos de los usuarios.
